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Editorial & Opinion

La Corte Suprema de Justicia en el exilio

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: José Luis Lovo Castelar

viernes 10, agosto 2018 - 12:00 am

Desde 1939, la inestabilidad caracterizaba la vida pública por la interminable dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, entronizado desde 1931. La oposición en pugna seguía al doctor Arturo Romero, el hombre símbolo de la rebelión. El 2 de abril de 1944 se produjo un frustrado golpe en contra del dictador, quien implacable procedió al fusilamiento de sus líderes militares y civiles. Finalmente, el 9 de mayo de 1944, como efecto de la huelga de brazos caídos, renunció Hernández Martínez, depositando el mando presidencial en el tolerante y conciliador general Ignacio I. Menéndez. Éste gobernó por espacio de cinco meses, hasta el 21 de octubre del mismo año, siendo derrocado por un movimiento militar que propició que el “radical” coronel Osmín Aguirre y Salinas (O. Aguirre), Director de Policía, ocupara la Presidencia, también durante cinco meses, hasta marzo de 1945.

Los doctores Miguel Tomás Molina (M.T. Molina) y Sarbelio Navarrete, habían sido nombrados Primero y Segundo Designados presidenciales el 28 de junio de 1944; sin embargo, los golpistas del 21 de octubre, entregaron la Presidencia al coronel O. Aguirre. Con ello se causó gran indignación ciudadana, pues correspondía el solio presidencial al doctor M.T. Molina, en tanto legítimo Primer Designado. Éste encabezó la resistencia contra el usurpador coronel O. Aguirre, y lanzó incendiaria proclama el 1 de noviembre de 1944, llamando al pueblo salvadoreño a la lucha, en su calidad de Presidente constitucional, desde la clandestinidad “en un lugar de la República”, como tituló el doctor René Fortín Magaña, el tercer libro de su serie histórica, alusivo a estos hechos.

La Corte Suprema de Justicia, era presidida por el mismo doctor M.T. Molina e integrada por connotados jurisconsultos, entre ellos los doctores David Rosales h., Sarbelio Navarrete, Carlos Azúcar Chávez, Alonso Reyes Guerra, Francisco Chávez Galeano, Rafael Antonio Carballo y Lucilo Villalta; frente al golpe de Estado contra Ignacio Menéndez, emitió Acuerdo el 25 de octubre de 1944, en que declaró estar fuera de la legalidad constitucional la situación jurídica del Poder Ejecutivo, por no corresponder la presidencia al coronel O. Aguirre. Como efecto de ello, el Ministro de Gobernación, general Francisco Emilio Ponce, acusó a la Corte de actuar en contra del orden público y de haberse constituido en rebelde. En acatamiento al nuevo dictador, coronel O. Aguirre, la “dócil” Asamblea Legislativa disolvió la Corte de M.T. Molina, por Decreto Legislativo 134, del 17 de noviembre de 1944, en el que declaró a los magistrados “legalmente incapacitados para seguir ejerciendo sus cargos”, y designó sustitutos.

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El doctor M.T Molina instaló gobierno en el exilio, en Guatemala, y hasta allá fue seguido por hombres y mujeres valientes, decididos a empuñar las armas para derrocar al nuevo tirano, coronel O. Aguirre. Nombró su gabinete integrado por los ministros Max Patricio Brannon, Francisco Morán, Ricardo Arbizú Bosque, Romeo Fortín Magaña, José Ciro Brito, José Ascencio Menéndez y Guillermo Trigueros.

El referido Acuerdo de inconstitucionalidad de 25 de octubre de 1944, fue anulado por los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de noviembre de 1944, por Acuerdo 240.


El doctor Arturo Romero, líder idolatrado masivamente por el pueblo, se había postulado como candidato para Presidente de la República, siendo coartado en su aspiración, y con ello se atizó la oposición al régimen del coronel  O. Aguirre.

Los seguidores del “romerismo” y los “constitucionalistas” del doctor M.T. Molina, perseguidos, se asilaron en embajadas, y lograron salir del país con salvoconductos, aclamados por la multitud ante su grito de “volveremos”. En El Salvador, la Asamblea Legislativa había declarado Estado de sitio y el coronel O. Aguirre impuso un régimen de terror.

Los exiliados salvadoreños en Guatemala invadieron El Salvador el 12 de diciembre de 1944 para instaurar la legalidad. La columna a la ofensiva penetró por el Llano del Espino, en Ahuachapán, y terminó derrotada, principalmente por la aviación militar, ofrendando su sangre muchos jóvenes patriotas por la causa de la libertad.

Años después, se consagró el triunfo de los revolucionarios de 1944 con la Constitución de 1950. Así se reivindicó la memoria de los mártires y héroes de aquellas jornadas gloriosas, cuando la Corte Suprema de Justicia en el exilio jugó un papel memorable.




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