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Foto: DEM

Uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo González Bonilla, cree que la presión ciudadana puede evitar la reversión de las sentencias del actual tribunal. Niega que haya reformado o mutado la Constitución de la República, pero ve posible jurídicamente que las resoluciones puedan ser revertidas por nuevos magistrados. Anuncia que dos magistrados están supervisando que la Sección de Probidad haga su trabajo de auditoría de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.

¿Es posible revertir los fallos?

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Sí, es posible. En aquellos países que tiene más tradición consolidada en el tiempo de jurisprudencia constitucional, Estados Unidos, por  ejemplo, que tiene 200 años, o algunos países europeos o aquí en América Latina, Costa Rica, Argentina, se advierte que por cambios de titulares, entre otros factores, la jurisprudencia puede cambiar. Si bien las sentencias de los tribunales de ultima instancia no admite recursos, hay una reacción social de la comunidad jurídica, de los especialistas, opinión pública, que es ineludible que impacte en los suscriptores de la sentencia y, más adelante, cuando viene otro caso, siempre al tribunal se le plantea la idea de continuar línea jurisprudencial que abrió o matizarla o incluso revertirla. Cambiar la jurisprudencia dentro de las posibilidades de la Sala como institución con estos mismos titulares y más aún con otros titulares está dentro de lo jurídicamente posible.

¿Ve interés por revertir los fallos específicos?

Yo creo que sí, hay quienes quisieran ver este periodo de integración de la Sala como una especie de paréntesis en el proyecto de control partidario de las instituciones que arrancó y en el que se reparten cuotas los partidos políticos desde los Acuerdos de Paz de 1992. Yo creo que algunos están como los presos contando los días a que llegue el 15 de julio de 2018 para que nos vayamos y que nuevos titulares mucho más amigables con los partidos vuelvan a establecer magistrados partidarios en el Tribunal Supremo Electoral voto solo por bandera. Pero cambiando los titulares, los nuevos titulares no están obligados a seguir con la jurisprudencia nuestra. Usted ve, según el sistema de Estados Unidos, el presidente nomina a los candidatos y el Senado lo confirma. Típicas preguntas que hace el Comité Judicial del Senado a los aspirantes a magistrados de la Suprema Corte para confirmarlo o no confirmarlo, son casos específicos, el aborto, debido proceso penal, segregación racial en las escuelas… Creo los partidos, quizá todos, tienen un claro interés de que con una nueva integración de la Sala se cambie la jurisprudencia y por eso, para mí, la defensa de aquella jurisprudencia que se ha ido sustentando y que se puede considerar un avance democrático, no va a depender de nosotros, sino dependerá de los que se beneficien con esa jurisprudencia. La ciudadanía está tomando más conciencia de que la jurisprudencia constitucional no es una cosa del mundo de los abogados, sino que incide en sus derechos… La ciudadanía va tomando conciencia de que muchos los puntos de la jurisprudencia constitucional le toca directamente y es la que puede permitir o no permitir que esta jurisprudencia sentada se cambie.

¿Es posible que alguno de los magistrados de esta elección llegue a la Sala de lo Constitucional?

En este momento no, sí pero sí parece que los partidos lo están considerando para 2018. No está de forma bien clara en la jurisprudencia constitucional, apenas se ha comenzado a perfilar el criterio jurisprudencial sobre los traslados de una Sala a otra, uno escucha que los partidos están considerando que de los magistrados que entren en este momento se tengan ahí como en reserva, para en 2018 trasladarlos a la Sala de lo Constitucional…

De la Sala se ha comentando siempre que esta Sala ha reformado la Constitución. Explíquenos.

Toda Constitución utiliza conceptos jurídicos indeterminados. Voy a utilizar un ejemplo de mi maestro Albino Tinetti. usted puede fijarle a su hijo una hora de regresar a su hijo a las 9 de la noche o puede utilizar el concepto “temprano”, temprano es un concepto indeterminado. Tiene una desventaja, que se presta a la interpretación pero también una ventaja, tiene flexibilidad. La Constitución pretende legislar sobre la vida de la sociedad pero utiliza muchos “tempranos”, muchos conceptos indeterminados que luego son susceptibles para interpretación. ¿Qué se va a entender cuando la Constitución dice que el voto debe ser libre? Una primera interpretación es que no me pongan una pistola en la cabeza cuando estoy votando, pero la Sala ha dicho que significa que al ciudadano se le deben dar más opciones a la hora de elegir por quién votar… Claro, los partidos se sentían muy cómodos con el voto por bandera, dijeron que nosotros hemos hecho una mutación en la Constitución… Hay muchos “tempranos” en la Constitución.

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Foto: DEM

¿El artículo 85 fue reformado?

El 85 es el caso más claro. Un exmagistrado dijo que nosotros mutamos la Constitución. No hemos mutado la Constitución, cambiamos una lectura interesada que venían haciendo los partidos. El único instrumento para ejercer la representación lo entendían como monopolio, la Sala dice: es el único instrumento dentro de las otras formas asociativas (sindicatos, sociedades anónimas, iglesias). Vamos un paso atrás, el votante, el verdadero sujeto de la democracia, o el candidato no quiere irse por ningún instrumento, quiere irse directamente, ¿por qué lo vamos a amarrar a que sea necesariamente por el partido? En mi visión, lo que hicimos fue cambiar una lectura interesada donde ellos se recetaban un monopolio. Hemos hecho un cambio con otra lectura que se venía haciendo, a nuestro juicio, equivocada. Dice la Constitución que el Fiscal tiene la iniciativa para la acción penal, pero no dice monopolio, desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, sería contraproducente que el Fiscal General tenga un poder de vida o muerte sobre los derechos de las víctimas.

¿Ve posible la creación una comisión ciudadana contra corrupción y la impunidad como la propuso Henry Campos ayer?

Justamente por esa sentencia nuestra, de diciembre de 2010, y que dio lugar a una reforma del Código Procesal Penal en abril de 2012, basado en la jurisprudencia constitucional, sí puedo afirmar categóricamente que no se viola las atribuciones del Fiscal con una comisión de este tipo, no solo interna como propone Henry Campos, sino incluso internacional. Cuando dimos la sentencia de 24 de agosto sobre ley antiterrorista, mencionamos que estos grupos organizados ahora prácticamente son crimen transnacional, transfronterizo. Si el crimen es transnacional, ¿por qué no se va a buscar apoyo internacional? Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, se activaron unos protocolos internacionales para que Naciones Unidas dé apoyo a los países que detectan presencia de grupos terroristas. El viejo discurso de la soberanía ya es poco creíble y es hasta contraproducente para afrontar una realidad tan compleja como el crimen transnacional. Si se decide como una Cicies (Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador) interna, incluso si es internacional, yo no veo violación a la soberanía, a un supuesto monopolio de la acción penal por parte del Fiscal porque no existe ese tal monopolio, la víctima tiene derecho a la justicia y en temas tan delicados como corrupción e impunidad estructural es hasta coadyuvante, mejora a la institucionalidad normal del Estado.

¿Cómo manejará la Corte Suprema de Justicia la petición que ha hecho un ciudadano de las auditorías a las declaraciones patrimoniales?

No está definido en Corte, ni en Instituto de Acceso a la Información, qué se va a hacer con esos exámenes de las declaraciones, que es lo que debe hacer el jefe de la Sección de Probidad según la Ley de Enriquecimiento Ilícito, es cotejar las dos declaraciones, indagar con los auditores si hay indicios de enriquecimiento ilícito y, si no son aclarados, certificar a la Fiscalía para que procese penalmente al funcionario. Dijo Florentín Meléndez que según la información que tiene no se han hecho las auditorías… (En 2005) la Corte plena revocó su autoridad por supuesta violación a derechos (al entonces jefe de la Sección de Probidad, Eduardo Cáceres)… Lo más seguro no se han hecho esas auditorías. El presidente de la CSJ (actual) ya delegó a dos magistrados para que vigilen el funcionamiento del jefe de la Sección de Probidad, que haga con los auditores, incluso con la posibilidad de contratar a auditores externos, que haga el análisis para determinar posibles indicios. Que estos dos magistrados se cercioren que esos exámenes se hagan. Yo no sé si el Instituto (de Acceso a la Información) va a aceptar la revocatoria (del presidente de la CSJ), pero en todo caso, si no se acepta, lo que tiene que hacer la Corte es decir, si la auditoría no se ha hecho, decir que no se ha hecho, pero creo que es más importante, que se haga, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Ese es el siguiente paso que tiene que dar la Corte.

¿Qué tan grave es que Probidad no haya hecho estos análisis?

Muy grave porque sería incumpliendo de la ley. Alegaría la jefatura de Probidad es que no ha recibido instrucciones y está el precedente que prácticamente obligó al jefe de Probidad por estar haciendo su trabajo. Salvo el plazo de los 10 años, no hay otra limitante de tiempo para que se pueda revisar si ese incremento patrimonial está justificado por ingresos lícitos. No estar recibiendo declaraciones para guardarlas en una caja.

¿Resolverán ya la demanda contra los $900 millones en bonos?

Se sigue analizando el caso. Son dos motivos, la intervención de un suplente y el otro es que después que se había votado debió haber pasado a archivo. Lo que más complica el análisis es el tema de suplentes, porque nunca se ha dicho por la Sala que en la papeleta deben estar las fotos… Luego dicen que se pueden caer muchas decisiones abordadas por suplentes… El punto lo sigue analizando. Pero esta legislatura puede hoy, mañana, cuando quiera, aprobar el endeudamiento que considere conveniente con la mayoría que exige la Constitución.

Perfil

Rodolfo Ernesto González Bonilla

Actual magistrado de la Sala de lo Constitucional. Antes, fue asesor y coordinador de colaboradores jurídicos de la misma Sala. También fue colaborador judicial del Juzgado Cuarto de lo Penal.

Ha sido catedrático de Teoría del Estado, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, en la Escuela Superior de Economía y Negocios.

Hizo su tesis doctoral “Control difuso y proceso de inconstitucionalidad, el rol de la Sala de lo Constitucional”, en la Universidad Autónoma de Barcelona.

 

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