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Editorial & Opinion

La defensa e integridad territorial de la patria

Eduardo Cálix / Embajador

sábado 26, mayo 2018 - 12:00 am

El concepto de soberanía del Estado, que consagra el artículo 83 de la Carta Magna, la hace residir en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de la Constitución. Estos objetivos no están restringidos en su validez a límites territoriales de la República, sino que son y deben ser fundamento primario de la política exterior de nuestro país.

La noción humanista del derecho internacional, se asienta en una declaración de fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos tanto entre los hombres como entre las naciones, lo que configura un cuerpo de valores inmanentes y superiores, plasmados en tratados y otras fuentes del derecho internacional.

En ese contexto, es responsabilidad de la diplomacia salvadoreña desplegar globalmente una acción constante y firme, consecuente y apegada a un orden de principios y valores, incluida la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales en su más amplia dimensión, en consonancia con la tutela de los intereses del Estado.

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Las soluciones pacíficas son y han sido, un pilar de la acción internacional de cualquier Estado y ello no se contrapone al derecho de legítima defensa que consagra la Carta de las Naciones Unidas. Por tanto, es un hecho universal, natural y pertinente que, a la par que los Estados ponen todo su empeño en la respuesta pacífica a las diferencias, sostengan siempre todos los medios necesarios para la defensa de sus fronteras.

La determinación de objetivos precisos de la actuación política y diplomática nacional en el tema del Golfo de Fonseca, sus espacios marítimos y la isla Conejo, son fundamentales en el cumplimiento de nuestra norma constitucional plasmada en el Art. 84, de defender la integridad y la irreductibilidad del territorio.


El Art. 168 de la Constitución que refiere como obligación del Presidente de la República mantener ilesa la soberanía y la integridad del territorio y la atribución de dirigir las relaciones exteriores; y, el Art. 212 que reza: “la Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio”; corroboran la confluencia del mandato de la Constitución de procurar preservar la paz y a su vez, estar listos para ejercer una política de defensa como un hecho insoslayable en la salvaguarda del territorio, que configura el ámbito espacial del ejercicio de la soberanía del Estado en la definición Kelseniana.

Debemos partir de realidades, y en ese sentido la comprensión jurídica de los elementos que configuran el régimen marítimo de las bahías históricas, y particularmente del Golfo de Fonseca, tienen que ajustarse a realidades ineludibles como la sentencia de 1917 y la de 1992; la práctica de los Estados y las normas del derecho del mar.

La materia es altamente compleja y tiene una evolución histórica que debe tenerse en consideración al plantear lineamientos realistas y pragmáticos, teniendo en cuenta los propósitos unionistas e integracionistas que también se desprenden de nuestra Constitución, como lo son: posibilitar el desarrollo económico y social, la defensa de los derechos de la población, la estabilidad política, el mantenimiento de la paz, la seguridad regional y el bien común.

Lo cierto es que las determinaciones faciales de la sentencia de 1917 reconocen los espacios marítimos derivados de las islas, y los contenidos de esa sentencia han sido elevados a rango constitucional en nuestro país. Son irrenunciables. El concepto de condominio que califica la totalidad del golfo, nuestra Constitución lo distingue en aguas territoriales de lo que son aguas en comunidad. Ello se desprende también de la sentencia de 1917. No es lo mismo hablar de aguas territoriales y aguas en comunidad que referirnos a aguas bajo soberanía exclusiva y aguas bajo soberanía conjunta, aún cuando los espacios geográficos coincidan.

Lo grave y delicado son las invenciones jurídicas, por demás creativas, que la Sentencia del 92 introdujo en relación a los espacios marítimos, en detrimento de los derechos de El Salvador y Nicaragua, lo que la vuelve una difícil controversia jurídica a ser dirimida exclusivamente por la vía directa y obligadamente entre los tres estados ribereños del Golfo de Fonseca.




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