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Aunque ya ha sido comentado ampliamente por observadores y analistas políticos de toda la América democrática, sostenemos que la sentencia pronunciada por la jueza venezolana cuyo nombre omitimos por creer que no merece ocupar espacio en este sitio, en contra del preso político Leopoldo López, patriota venezolano retenido en prisión injustamente por la dictadura Madurista desde hace mas de un año, consideramos necesario subrayar que más grave que la privación de libertad  del héroe venezolano, es el atentado cometido contra el órgano judicial, dócilmente sometido por la dictadura.

Se dice que tal afrenta ha sido posible por 400,002 razones entre las cuales está el  terror que ciudadanos y funcionarios tienen por el régimen, y el ofrecimiento de un cargo diplomático en el extranjero a la embarrada jueza. También se ha escuchado que las demás razones  son de otra naturaleza. La figura lastimosa de la profesional del derecho que ha hecho historia al poner esa desmedida e injusta  sentencia, ha logrado la inmortalidad en el oprobio y la vergüenza dentro de los anales jurisprudenciales venezolanos, que ha quedado de ejemplo y para siempre del servilismo, el temor y sometimiento de un órgano –teóricamente igual en poder y estatus jurídico al ejecutivo-   del Estado, ante la prepotencia de un gobierno incapaz que hasta la fecha ha llevado al caos mas refulgente, a un país que por siempre demostró ser ejemplo de prosperidad comercial, social y política. Venezuela, lamentablemente sigue los pasos de Cuba en su camino hacia el desastre socialista, pese a la triste realidad que se evidencia en la escasez de productos de esencial necesidad para los venezolanos.

La falta de papel higiénico, como el cierre de fábricas, la nacionalización de industrias, como la expropiación de empresas, se viven en carne propia en ese territorio bendecido por el oro negro, que para mal de muchos, no se refleja en prosperidad como ocurre en todos los demás países del mundo, donde el buen vivir de sus habitantes es la regla general porque sus gobiernos invierten  los réditos del petróleo en obras públicas que a todos benefician.

A nosotros nos preocupa que nuestro gobierno – que en varias ocasiones ha declarado que el modelo de Venezuela hay que seguirlo- tenga como prioridad seguir este ejemplo poco feliz. Y como ejemplo citamos el caso de la no elección de magistrados de la suprema corte, después de dos meses de pasada la fecha fijada por la Constitución, todo porque se desea colocar en esos cargos, a gente que ha demostrado su sometimiento absoluto a la voluntad  del Ejecutivo.

Se llega al colmo de implementar la estrategia del atraso en la elección,  se  acercan  las fechas de otros cargos a elegir, y con ello se logra un buen margen para negociar, lo cual es permitido pero inconveniente, inmoral y anti ético pues el espíritu de la Constitución ha sido escoger para los cargos públicos a los más capaces, no a los más obedientes de los poderes políticos de la nación.

El otro caso que me tiene personalmente preocupado es el caso del proceso del bulevar Diego de Holguín, hoy  Óscar Arnulfo Romero. En este caso, desde el inicio del juicio se ha puesto en entredicho ya que no se menciona en el mismo quiénes  originaron  este aparente  caso de corrupción, y a todas luces se puede ver que el acusado es un chivo expiatorio, que junto con empleados del ministerio (que reciben órdenes y no tiene poder de decisión ) están siendo utilizados para que el gobierno aparezca como el reivindicador de la corrupción, presentando a inocentes condenados por la justicia, aunque el caso real sea similar al venezolano, con un inocente en la cárcel, y un gobierno llevándoselos falsos laureles de un abuso entre órganos de Estado. Esperamos que el juez de este caso sepa mantener la dignidad del órgano, y de los profesionales del derecho, pues todos sufrimos el desprestigio de la profesión.

 

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