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Editorial & Opinion

La extraña desaparición de la agente Carla Ayala

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 27, marzo 2018 - 12:00 am

A casi tres meses de la desaparición de la agente de la Policía Nacional Civil, Carla Mayari Ayala Palacios, aún se desconoce su paradero. No se sabe si está viva o muerta, aunque lo más probable es lo segundo y que su cuerpo haya sido enterrado o  lanzado a algún sitio inaccesible. Siendo pesimista pero realista, tal vez nunca se encuentre su cadáver. Ojalá y me equivoque.

Tampoco se sabe el paradero del exagente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo, quien es acusado por la Fiscalía de haber lesionado y desaparecido a la agente Ayala. Legalmente está acusado de privación de libertad, pues técnicamente no puede ser imputado por homicidio, al no tenerse la certeza de la muerte de la agente. La PNC ha ofrecido cinco mil dólares de recompensa para quien informe sobre la ubicación del prófugo.

Buscando un poco de claridad, la noche del jueves y madrugada del viernes de la semana pasada, el juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, un juez que se caracteriza por su forma transparente de administrar justicia, ordenó realizar la reconstrucción de los hechos que condujeron a la desaparición de la agente y madre de familia.

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En la exsede del ya inexistente GRP declararon los cuatro agentes que están detenidos por no haber capturado a Castillo en diferentes momentos que pudo ser detenido en flagrancia. De esa reconstrucción quedó más que claro que hay clases y oficiales de la PNC que no han sido detenidos por raras y extrañas razones que solo las autoridades de la Fiscalía y PNC sabrán explicar. Resulta extraño que dos agentes que acompañaban en la patrulla de los incidentes a la agente Ayala y al hoy prófugo Castillo, no pudieran capturar a su ex compañero ni dar auxilio a la mujer. Ambos, en el asiento delantero de la patrulla se sentían amenazados por el agresor que iba junto a su víctima en el asiento trasero. El temor de los agentes a ser atacados por Castillo es comprensible, pero hubo momentos (según la reconstrucción y sus mismos testimonios) en los que fue posible arrestarlo, como cuando regresaron a la sede del GRP.

El agente, junto a su víctima, tomó la patrulla, mientras sus compañeros reportaban la novedad y huyó rumbo a San Francisco Javier (Usulután). Hubo una búsqueda o persecución que insólitamente terminó en La Paz. Luego de “forma voluntaria” y persuadido por un oficial que logró comunicarse con él, en horas de la madrugada Castillo regresó a la base del GRP, se bajó de la patrulla y le lanzó las llaves de vehículo al oficial de servicio.


Desde el portón de la ex sede policial, en la Residencial San Fernando, hasta la calle antigua a Huizúcar, hay unos 100 metros de acceso inclinado, los que Castillo en estado de ebriedad corrió y salió hasta la calle donde lo esperaban dos parientes en un vehículo en el que huyeron. A las 4:00 de la madrugada ya se había montado un dispositivo policial, sin contar que el acceso a la residencial tiene dos obstáculos (una pluma y un portón), sin embargo el agente escapó.

Fue perseguido por una patrulla, pero en el Árbol de la Paz el agente se bajó y dejó a su cuñado y a su hermano, los que fueron arrestados y ahora enfrentan el proceso en libertad. Por cierto, aunque ambos asistieron a la reconstrucción se negaron a declarar. El agente corrió en el sentido contrario, buscando hacia la UCA. Y escapó.

Hasta ahora según la Fiscalía, la PNC no colabora lo suficiente para esclarecer el hecho. Pero también la Fiscalía se ha quedado corta al no ir más allá de los cuatro agentes, dos de ellos (los oficiales de servicio) tal vez sin responsabilidad. Hay preguntas sin respuestas como ¿Quién organizó la fiesta donde habría licor y gente armada? ¿Qué se negoció con Castillo para que regresara a dejar la patrulla? ¿Las gotas de sangre y los cabellos fuera de la sede del ex-GRP porqué no aparecen en la acusación? ¿Qué hacía Ayala en la fiesta si ella no pertenecía al GRP? ¿Por qué se suspendió la búsqueda inmediata? ¿Por qué a pesar del dispositivo Castillo logró escapar? y muchas otras más.

Y ahora resulta que la PNC se opone a que el IDHUCA actúe como querellante y que el delito sea considerado como desaparición forzosa, porque a los hijos y parientes de Carla no los consideran víctimas. “Algo huele a podrido en  Dinamarca”.




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