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1) Es necesaria una mayor aproximación entre los constitucionalistas y los cultivadores del procesalismo científico, con el objeto de estudiar con profundidad y en forma integral, las materias que comprenden las zonas de confluencia entre ambas disciplinas y que tienen relación directa con la función del organismo judicial.

2) Resulta indispensable la reafirmación de la función política del organismo judicial, entendida como intervención técnica para determinar el alcance y el espíritu de las normas constitucionales, la que asume particular dificultad en el ámbito latinoamericano debido a la existencia de organismos ejecutivos predominantes, y, en algunos casos, dictatoriales; esta función se centra en el control judicial de la constitucionalidad de las leyes reconocida por casi todas las Constituciones de Latinoamérica, pero, además, en la interpretación directa o indirecta de las disposiciones supremas y la tutela de los derechos humanos consagrados en la carta fundamental.

3) Si se quiere lograr la realización práctica de la justicia constitucional en América Latina, deben adoptarse una serie de reformas del organismo judicial entendido en un sentido integral y de conjunto; para ello debe otorgarse a los tribunales administrativos cualquiera que sea su encuadramiento formal, las facultades imperativas predominantes de la función judicial, incluyendo la de ejecutar coactivamente sus resoluciones contrarias a la administración; darle independencia al Ministerio Público, respecto del Ejecutivo, separando las atribuciones de asesoría y de representación del gobierno de las de representación social y persecución de los delitos, ya que esta última requiere de autonomía; y, finalmente, configurar la abogacía latinoamericana con un nuevo espíritu de servicio social, que le permita abandonar su papel tradicional de profesionista liberal para asumir la de colaboración efectiva con el juzgador.

4) Debe combatirse hasta donde esto sea posible, las dos afecciones patológicas de la función judicial: la lentitud y la onerosidad procesales. Puesto que especialmente desvirtúan la tutela de los derechos fundamentales y el control de la constitucionalidad de las leyes, así como los derechos de los justiciables, también constitucionales, de la acción de la defensa en juicio; para ello es preciso actualizar nuestros viejos códigos procesales, establecer un mínimo de oralidad y reorganizar la judicatura.

5) Debe modificarse la tradicional pasividad de los jueces latinoamericanos, otorgándoles facultades de dirección del proceso y la colaboración de una abogacía independiente dotada de espíritu de justicia social. Ello implica una serie de reformas que deben partir de una transformación de la enseñanza del derecho y el establecimiento de especialización de las diversas profesiones jurídicas.

6) En todos los tiempos y en todos los países los jueces ejercen una actividad que latu sensu puede llamarse política, en el sentido de que cuando aplican las leyes las interpretan según el espíritu en que viven.

7) Es política la función cuando, como en la mayor parte de los países latinoamericanos, los jueces están llamados también a controlar la conformidad de las leyes con las Constituciones de sus respectivos países.

8) Se manifiesta hoy la necesidad de la participación de los jueces en una función promocional que se está convirtiendo en típica dentro de cada ordenamiento progresivo, dado que todos contienen normas de estímulo y de incentivo como las que se dan en el campo de la salud, del patrimonio histórico y artístico y de la cultura en general.

9) Se concluye como necesario un mayor acercamiento del juez a la base social, especialmente mediante un intercambio recíproco de información entre la magistratura y la opinión pública, que permita la libre crítica de su actividad aún por parte de los que no son técnicos en derecho.

10) Concluimos: el juez debe interpretar las normas a aplicar a la luz de los principios constitucionales, aprovechando la elasticidad que poseen y siguiendo los cánones históricos evolutivos, para que, sin perjuicio de respetar al máximo la regla de la certeza del derecho, puedan contribuir al desarrollo y progreso moral y civil de la sociedad moderna en su rápida evolución.

Estimamos que la declaración que extractamos, por su interés y actualidad, contribuye a forjar  la conciencia jurídica constitucional en nuestro país.

 

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