Editorial & Opinion

La función pública “Ad-Honorem” II

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

sábado 17, febrero 2018 - 12:00 am

La semana pasada abordábamos que la función pública, debería ser un verdadero privilegio para aquellos ciudadanos que deciden servir a la patria, para añadir valor agregado a la institución estatal donde fue designado. En el tiempo que se estableció el servicio público “ad-honorem” las personas que participaban lo hacían con ferviente patriotismo, cuya intención era mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos, sin distinción alguna, por esa razón rehusaban recibir un salario por el servicio prestado a la patria, por ello eran conocidos como honorables.

Evidentemente los que mayoritariamente participaban eran personas de éxito en los negocios y otros tenían ciertas comodidades, aunque no eran empresarios prósperos, no obstante, disponían de forma gratuita sus servicios al Estado. Con ello no pretendo que, en el siglo XXI, un funcionario público deje de percibir un salario por el trabajo que desempeña, ya que la única fuente de ingreso para la mayoría de ellos, es el ejercicio laboral con el Estado, tratándose de un empleado público probo, es más soy del criterio que a un funcionario público se le debe de pagar buen salario.

Por ejemplo, a un diputado debería de pagársele $7,000 al mes, y eliminarse de sus privilegios; el seguro médico hospitalario, el vehículo, el combustible, teléfono celular, viáticos, viajes, gastos de representación,  suprimir de raíz los asesores y elaborar una ley que prohíba a un diputado tener más de dos asesores, de ese modo se ahorraría una gran cantidad de recursos y se desmovilizaría a varios miles de empleados que tiene la Asamblea Legislativa, de tal manera que el salario le sea suficiente al diputado para vivir dignamente, dado que con ello podrá costear un seguro médico y los viajes según su presupuesto.

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Es decir, con la eliminación de los privilegios y emolumentos que perciben los diputados, tendríamos un Órgano de Estado que no esté poniendo más carga de la debida al ciudadano, que en definitiva son los que patrocinan el estilo de vida de los padres de la patria, pero en términos de productividad, no se ven resultados que favorezcan a las grandes mayorías, pero si benefician a los suyos y crean leyes en las que blindan sus actividades, para evitar la trasparencia y la rendición de cuentas.

Así también el presidente de El Salvador debería tener un buen salario de $15,000 al mes, pero que sea su única fuente de ingreso del gobierno,  por lo que tendría que eliminarse por completo la partida secreta, ya que para ningún salvadoreño es desconocido que el uso de ese dinero es discrecional al presidente, y con ello han comprado voluntades, se han pagado sobresueldos y se gestiona la gobernabilidad con los famosos partidos políticos satélites que venden al mejor postor los votos de sus diputados, como si se tratase de dinero propio.


De manera que, si se eliminan los privilegios al presidentes, vicepresidente, ministros y viceministros, se tendría un ahorro sustancial de fondos públicos, esta misma dinámica se debería multiplicar a cada uno de los cargos públicos, que incluya el Órgano Judicial, en la que los magistrados accedan a un salario mensual de $7,000 al igual que los diputados, pero que sea lo único que perciban  de parte del gobierno y que se eliminen cada uno de  los privilegios como a los diputados,  ya que ese ingreso mensual es suficiente para tener un estilo de vida digno de un funcionario público de esa categoría.

En consecuencia, se podría tener una gran cantidad de recursos a favor del Estado, con la sola eliminación de privilegios que tienen hoy en día los funcionario público, lo cual podría reasignarse de forma equitativa y a fuerza de ser justos, se debe mejorar sustancialmente el salario de los docentes, y no ofrecerles un aumento pírrico y de hambre, ya que son los profesores los que formar a los profesionales del futuro en las distintas disciplinar del saber,  por ende su remuneración deberían ser la mayor en la escala gubernamental, como lo es en Japón o China.

De la misma manera los policías y soldados deberían de acceder a un salario digno, que honre el sacrificio que hacen día con día en ofrecer seguridad pública a todos los salvadoreños, pero son los que peor remunerados están, dado que no existe justicia de parte de nuestros gobernantes, ya que se han enfocado en mejorar sus vidas y la de los suyos, y se olvidaron de los que más producen en El Salvador, como los médicos, policías, soldados y fiscales.




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