Cerrar [X]

Editorial & Opinion

La garantía constitucional de los derechos fundamentales

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autora: Ivette Cardona Amaya/Abogada constitucionalista

viernes 8, junio 2018 - 12:00 am

No cabe duda de que luego de más de dos siglos de construcción dogmática de lo que ha significado la Constitución, actualmente la idea de una Constitución democrática se refiere a aquella que deviene del poder constituyente que ostenta el pueblo soberano, que sienta las bases jurídicas de control y límite del poder político, y reconoce una gama de derechos fundamentales de índole individual, social, cultural, político y supra individual predicable de toda persona, cuyo reconocimiento tiene como fin la convivencia digna y pacífica dentro del marco del Estado de Derecho.

Las constituciones democráticas del siglo XX tuvieron un importante cometido institucional, y no fue otro que la promulgación y ampliación de los derechos consagrados como fundamentales, estableciendo, a la vez, garantías que protegiesen y viabilizaran su efectividad.

El reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales es un soporte central del Estado de Derecho en democracia, y ha sido un pilar imprescindible de la política internacional que ha consolidado el compromiso a nivel mundial de respetar estos derechos como cimientos de la conciencia moral de la humanidad en los que se consolidan los valores de libertad, igualdad y dignidad como eje ideológico, con independencia de la historia político-constitucional de cada país y de sus sistemas jurídicos.

publicidad

En ese orden general, la historia nos demuestra que no basta la incorporación de una tabla de derechos a las constituciones si no va acompañada de un sistema de garantías que potencien su ejercicio. La doctrina es pacífica en sostener que para que los derechos se conviertan en derecho vigente, es necesario su reconocimiento en una norma jurídica, que por su propio efecto genere la posibilidad que su infracción o vulneración sea remediada mediante la debida protección por parte de los tribunales. A la base de dicha consideración, indudablemente se encuentra la intención de dotar de una eficacia real a los derechos considerados como el eje central del constitucionalismo moderno.

Para lograr dicha eficacia, las técnicas de garantía son consideradas como un “complemento necesario” de los derechos fundamentales, pues con ellas se pasa de la mera declaración de intenciones plasmada en las constituciones a la eficacia de los mismos. Al respecto, me permito traer a cuento la posición de un constitucionalista español con quien tuve el honor de compartir clases en la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo de la Judicatura entrada la década de los noventas, luego de la suscripción de los Acuerdos de Paz; me refiero al profesor Joaquín García Morillo, quien afirmaba que “la capacidad de los derechos fundamentales para impregnar efectivamente la actuación de los agentes jurídicos y políticos y consolidarse como el fundamento real de la Constitución material de una sociedad no depende, en última instancia, de otra cosa que de la perfección de sus mecanismos de protección”.


Ello significa, en primer orden, que debe existir en la práctica una relación funcional entre la eficacia de los instrumentos de garantía establecidos constitucionalmente y la búsqueda de la viabilidad de los derechos fundamentales; y, en segundo lugar, que la Constitución que promulga dichas garantías sea considerada como verdadera norma jurídica –capaz de ser aplicada directamente por los operadores jurídicos– dejando atrás aquella calificación decimonónica de la misma como mera estructura política de regulación del poder.

De acuerdo a ello, los derechos fundamentales en la medida que son proyección del sistema de valores que la Carta Primaria promulga –dignidad, libertad, igualdad, seguridad– y que fungen como límite al poder público y privado, son los pilares que deben guiar la función de los órganos estatales, cuya última garantía de su respeto –no la primera pero sí la definitiva– dentro del Estado de Derecho, la ejerce la jurisdicción constitucional.

No debemos perder de vista que la búsqueda de la efectividad de los derechos fundamentales es el gran objetivo de la actividad del Estado democrático, pues éstos son los factores esenciales que potencian la paz social, y cuyo respeto integral continúa siendo una deuda pendiente en nuestro país, por el que debemos seguir trabajando.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.