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Política

La historia no contada de la reforma a la Constitución

Yolanda Magaña

Lunes 16, Enero 2017 - 12:00 am

El temor a una “paz armada” se debía a que El Salvador parecía ignorar que se le acababa el tiempo para aprobar importantes reformas a la Constitución de 1983 que negociaban en México el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los titulares de periódicos no escondían ese miedo: “Sin reforma de Constitución seguirá la guerra tres años más”.

La reforma constitucional requería, como hoy, ratificación de la siguiente legislatura, que iniciaba el 1 de mayo. El plazo vencía el martes 30 de abril de 1991.

El dilema era si reformar el artículo 248 de la Constitución para que esas reformas necesitaran votos solo de una sola legislatura o correr a aprobar las reformas el 30 de abril. La propuesta provocó un temor más grande: un “paso fácil” a cualquier otra reforma constitucional.

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La discusión se llevó a las páginas de los periódicos y duró todo abril.

Francisco Díaz, ahora superintendente de Competencia, recuerda cómo él propuso reformar el procedimiento y hacer un referéndum, en un artículo publicado el 6 de febrero en Diario El Mundo, en la sección “El derecho en la vida real” del Centro de Estudios para la Aplicación del Derecho (Cespad). Díaz identifca un punto de quiebre en el debate: un comunicado de la Asociación Nacional de la  Empresa Privada (ANEP), el 18 de abril, que reconocía la necesidad de reformas constitucionales específicas, no del procedimiento.

El tiempo corría. Fue hasta el sábado 27 de abril, a las 8:30 de la noche, que Gobierno y FMLN firmaron en México el acuerdo de las 24 reformas constitucionales que marcarían ese giro total que tuvo la Fuerza Armada, la cual venía de tener gran poder desde la Constitución de 1983, según Díaz, y también crearía la Policía Nacional Civil, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y otros. Así, se optó por aprobar aprobar las reformas de un día para otro; según los archivos periodísticos la discusión duró 10 horas.

El entonces presidente Alfredo Cristiani corrió a entregar en proyecto un día después y la Asamblea lo aprobó la madrugada del martes 30. La plenaria había iniciado el lunes a las 2:00 de la tarde. Muchos pensaban que aprobarlas de forma apresurada sería temerario. Se reformaron totalmente la Fuerza Armada, el sistema electoral, crearon nuevas instituciones para defender los derechos humanos y regularon la elección de fiscal general, Consejo Nacional de la Judicatura y Corte Suprema de Justicia.

 

24 reformas en cinco puntos

 

Un giro radical: la nueva fuerza armada

La reforma constitucional definió el sometimiento de la Fuerza Armada al poder civil, delimitaba sus funciones en la defensa de la soberanía del Estado y de manera excepcional a la paz interna y la seguridad pública, con tiempo limitado y aclarando que su acción se limitará  al restablecimiento del orden.

 

Creación de la PNC para la seguridad

Estableció que la seguridad pública estaría a cargo de la Policía Nacional Civil, y ésta fue creada y definida como “un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda la actividad partidista, que tendrá a cargo funciones de policía urbana y rural. Se deja al Presidente la obligación de conducir a la PNC.

 

Nueva organización de la Corte Suprema

Se estableció la conformación de la Corte Suprema, que estaba solo establecida en la ley, una nueva forma de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con votación de dos tercios de los diputados, se definió una nueva organización de la Corte y se le asignó no menos del 6 % de ingresos corrientes del Estado.

 

Procuraduría para defender derechos

La reforma creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para velar por el respeto a los derechos humanos, investigar violaciones a derechos humanos, asistir a presuntas víctimas, vigilar la situación de las personas privadas de su libertad, practicar inspecciones, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, entre otros.

 

Creación del tribunal supremo electoral

En la Constitución de 1983, el Consejo Central de Elecciones estaba conformado por tres miembros por la Asamblea de propuestas de partidos. El Tribunal Supremo Electoral creado con la reforma de 1991 se estableció como la autoridad administrativa y jurisdiccional de la materia electoral, constituido por cinco magistrados propuestos por los partidos.

 

En febrero Cespad advirtió, en publicación de El Mundo, que el tiempo para reformar se acababa.

 

En abril, ANEP aceptaba reformas específicas por los acuerdos, sin tocar el artículo 248.

 

 

Hubo debates públicos, editoriales, comunicados, por el temor a dejar un paso fácil a las reformas a la Constitución.

 




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