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Editorial & Opinion

La hora de la verdad

Benjamín Cuéllar / Colaborador

martes 23, mayo 2017 - 12:00 am

El 27 de abril de 1991 se firmó uno de los seis acuerdos sobre la mesa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco negociador entre la entonces guerrilla y el entonces Gobierno. El objetivo global de ese proceso era pacificar El Salvador. Este suceso tuvo lugar en la ciudad de México; entonces ambos bandos se comprometieron a crear la Comisión de la Verdad. Lo establecido en este acto y en el documento que suscribieron finalmente en Chapultepec el 16 de enero de 1992, condensaba el mandato de ésta. Debía investigar graves hechos de violencia ocurridos entre 1980 y 1991, ambos años incluidos.

En palabras de Belisario Betancur, presidente de la Comisión, ésta tenía que “examinar aquellas prácticas atroces sistematizadas, tanto en cada hecho como desde un ángulo general, puesto que las violaciones flagrantes de los derechos humanos que estremecieron a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional, no fueron realizadas solamente por personas integradas en la Fuerza Armada, sino también por los insurgentes”.

Además de los 32 casos incluidos en el informe público de la Comisión‒cuya difusión fue bastante limitada quedaba otro compromiso asumido por las partes: activar la actuación ejemplarizante de los tribunales nacionales para sancionar a los responsables de esos y otros crímenes, independientemente del bando al que pertenecieran.

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De esto último, no hubo nada. No se “podía”, pues debajo de la mesa de la ONU y sin su conocimiento pactaron protegerse, recetándose una amnistía absoluta, amplia e incondicional, negadora de todos los estándares en la materia. Por acción pecó el Gobierno, aprobándola en la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1993.

Por omisión, la antigua “rebeldía” al no oponerse con la fuerza política que poseía entonces siendo uno de los dos protagonistas principales en éste y el resto de compromisos acordados. Era “lógico” para quienes también tenían responsabilidad. Ciertamente, sus líderes en la posguerra de vez en cuando “pidieron” suavemente‒mostrándose “políticamente correctos” ante sus bases‒su derogatoria; pero eso ocurrió hasta que su nuevo “caudillo” proclamado candidato a la presidencia dijo: ¡No! La amnistía no se toca. Así calló Mauricio Funes a quienes pedían lo contrario dentro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y a ciertos “defensores” de derechos humanos que antes la impugnaban.


Veinte años después de aprobada la amnistía, cuatro ciudadanas y cuatro ciudadanos demandamos la declararan inconstitucional; eso se logró el 13 de julio del 2016. Derribamos entonces el muro que “impedía” a las víctimas buscar justicia. Unas  intentaron lograrla antes; después se sumaron otras y se agregarán más. Y no hay “cacería de brujas” ni una “nueva guerra”; tampoco “silencio de los culpables” que ahora no niegan los hechos, pero tratan de descalificarlos o “justificarlos” como sea.

Para las víctimas y los victimarios llegó, pues, la hora de una verdad atacada desde el mismo instante de la publicación del informe de la Comisión. Los militares,‒por ejemplo, dijeron que era “injusto, incompleto, ilegal, antiético, parcial y atrevido”; que había “una clara intención de destruir la institucionalidad, la paz social y la Fuerza Armada”. Pero ni los coroneles ni los comandantes del pasado pueden ya seguir impidiendo que se sepa qué pasó y quiénes fueron sus responsables.

Ojalá no; pero seguramente por el pánico compartido por los dos partidos el de la exguerrilla y el del exgobierno el 15 de marzo del 2018 ninguna institución estatal “tirará la casa por la ventana” para conmemorar un cuarto de siglo de la presentación de dicho informe, como lo hicieron el 16 de enero de este año por la firma del Acuerdo de Chapultepec.

Hay que hacer algo, entonces, desde las víctimas y la sociedad. Por ello, se realizó este pasado 18 de mayo en la ciudad de México el Foro “Verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. La experiencia salvadoreña”. Es el primer evento previo al 25 aniversario del lanzamiento del mencionado informe y fue convocado por el Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia de El Salvador, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Observatorio Eclesial y la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría.

Queda el desafío para el pueblo salvadoreño y principalmente para sus víctimas, a partir de este gesto solidario afectivo y efectivo en la tierra de Villa y Zapata, de colocar en la agenda nacional e internacional este asunto, pues conocer la verdad y resguardar la memoria histórica‒junto con la justicia‒son las mejores garantías para no repetir las atrocidades pasadas.




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