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OPINIONEl que contamina el medio ambiente y no es castigado se encuentra en un estado de impunidad, lo que puede tener multitud de causas, entre ellas:

  • El desconocimiento de la existencia de las fuentes de la contaminación por parte de la autoridad pública, en especial de la autoridad obligada a propiciar y velar por un medio ambiente sano;
  • La omisión de la autoridad responsable del control en aplicar las normas en vigor, en seguir los procedimientos debidos y, dictar en cada caso, la sanción que la ley establece.

En lo que concierne al régimen legal vulnerado, veamos el caso de las municipalidades como un tipo generalizado de incumplimiento de la Constitución, que se observa cuando los alcaldes no enfocan en su gestión el deber de proteger los recursos naturales, ni el medio ambiente. Estos funcionarios públicos olvidan que protestaron, bajo su palabra de honor, ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes (art. 235 Cn.); que éstos son deberes que incumben al Gobierno local, a los Concejos Municipales (art. 202 Cn.); que son organismos del Estado y deben ejercer el poder público dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen la Constitución y las leyes (arts. 1, 86 y 117 Cn.).

En ese orden de ideas, la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, en cada territorio municipal, debe hacerse a partir de que cada Concejo planifique y proyecte su trabajo; que en lo posible organice y cuente con una Unidad Ambiental que atienda las necesidades diarias de su área de jurisdicción. La Ley del Medio Ambiente entró en vigencia en 1998, hace 18 años, y dispone en su artículo 6, que el Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente incluye las unidades ambientales municipales y la finalidad de establecer, poner en funcionamiento y mantenerlas en las entidades e instituciones del sector público, así como los principios, normas, programación, dirección y coordinación de la gestión ambiental del Estado.

El art. 7 de la misma ley, dispone que las instituciones públicas deberán contar con unidades ambientales, organizadas con personal propio y que dichas unidades son estructuras especializadas, con funciones de supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales y de velar por el cumplimiento de las normas ambientales correspondientes, y asegurar la necesaria coordinación interinstitucional en la gestión ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Es una obligación insoslayable, desde 1998, la operatividad adecuada de cada Unidad Ambiental Municipal, ésta es o debe ser una prioridad para cada miembro del Concejo, de todas y cada una de las 262 municipalidades del país, en tanto son funcionarios obligados a cumplir con los mandatos  constitucionales en materia ambiental.

La penosa realidad de desconocimiento legal y fáctico como causa de impunidad, se observa asimismo en dependencias del propio Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ni Comures, ni los Gobernadores departamentales, ni la Corte de Cuentas de la República, han informado a la ciudadanía sobre el régimen aplicable o el historial de creación de las unidades ambientales, ni respecto a la formación o idoneidad del personal que trabaja en ellas. Pero los habitantes sí se percatan en tanto son víctimas diariamente de la cada vez más destructiva contaminación ambiental, que ocurre en cada municipio del país, sin excepción.

También, tanto en los hospitales públicos como en los privados, se conoce y se hacen diagnósticos a diario de cientos o miles de personas con insuficiencia renal, cánceres, deshidratación, afectaciones bronquiales, etc., cuya causa común es la ingestión de alimentos y agua contaminada con agroquímicos y desechos tóxicos de variado tipo, así como también por el aire contaminado. Nos preguntamos: ¿Cuándo, desde 1998 hasta el día de hoy, se ha informado al pueblo, al mandante, por parte de los Presidentes de la República, en cada turno, de los acuerdos del Consejo de Ministros en lo referente a las responsabilidades legales ambientales?

(Recordatorio: Invitación a panel sobre “Proyecto de Ley Procesal  Constitucional”. Sábado 12 de  noviembre. CDI, “Salón Conacaste”. De 7:30 a.m. a 11:00 a.m.)

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