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OPINIONAhondando en el tema, la Ley de Ética Gubernamental conceptúa que  “Corrupción” es el abuso del cargo y de los bienes públicos, cometido por un   servidor público, por acción u omisión, para la obtención de un beneficio económico o de otra índole, para sí o a favor de un tercero. Y también que el art. 3 de la Ley del Medio Ambiente define que “Política nacional del medio ambiente” es un conjunto de principios, estrategias y acciones, emitidas por el Consejo de Ministros, que deberá guiar la acción de la administración pública, central y municipal.

De lo escrito, retornando a la prevaleciente situación de impunidad, denunciamos que desde 1998 hasta el día de hoy no han sido investigados y castigados los funcionarios municipales, del Órgano Ejecutivo y de  la Corte de Cuentas de la República, por el laisser faire y laisser passer, el dejar hacer y el dejar pasar, omisión que significa incumplimiento de los deberes ambientales, “por cuya infracción (cada uno) será responsable conforme a las leyes” (art. 235 Cn.).

Cabe, en esta oportunidad histórica, enfatizar y reiterar a los funcionarios aludidos su responsabilidad constitucional de proteger los recursos naturales y el medio ambiente y de velar por la conservación y el restablecimiento de la salud de los habitantes de la República (arts. 65 y 69 Cn.). También, en este enfoque de competencias, que corresponde al Fiscal General de la República la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, y promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad (art. 199 Cn.).

Recapitulando: hay impunidad de las autoridades concernidas al ignorar los hechos y casos de contaminación ambiental, y al omitir el cumplimiento de las normas jurídicas que las obligan, en tanto son los responsables de su efectividad. En varias sentencias de la Sala de lo Constitucional NO SE HA SOBRESEIDO a los funcionarios públicos que han intentado justificar sus omisiones por insuficiencias presupuestarias.

Las normativas para el ejercicio de la administración pública deben respetarse en su integridad por el funcionario responsable, salvo razones de fuerza  mayor; pero ocurre que hay omisiones patentes y permanentes cuando estamos en presencia de los atentados y de los daños al país y a la salud de la población. Los funcionarios están conminados por la Constitución y por ende por el precepto de la Ley Primaria que dispone que para garantizar el desarrollo sostenible, deberán protegerse los recursos naturales y el medio ambiente (art. 117 Cn.). En este contexto es claro el objetivo prioritario del desarrollo sostenible con el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes generaciones, sin menoscabo de la calidad de vida de las generaciones venideras (Ley del Medio Ambiente).

Específicamente, hay impunidad ambiental cuando los entes obligados no investigan, no supervisan, no realizan inspecciones, y no resuelven o dan trámite a peticiones ciudadanas.

Pudiera tratarse de casos objetivos de incapacidad o negligencia culposa, pero también de una intención manifiesta o dolosa, con propósitos de provecho  personal o de terceros. En el segundo caso, no cabe duda de que estaríamos entrando a la fase delictiva de comisión por omisión, en presencia de un delito ambiental de responsabilidad de funcionarios públicos. El estado de impunidad, en relación con delitos, infracciones y daños ambientales, que venimos experimentando podría irse minimizando por medio de campañas de las organizaciones de la sociedad civil, a las que instamos a exigir el esmerado control de las asignaciones presupuestarias y la legalidad. Nos dirigimos asimismo a la Corte de Cuentas, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al Tribunal de Ética Gubernamental. De igual forma, es necesario que las universidades eduquen, concienticen y orienten a los miles de estudiantes de las diferentes carreras, cumpliendo así el papel relevante que deben tener en esta materia. En suma, la impunidad ambiental es atribuible a quienes no cumplen con “los deberes que el cargo” les impone.

Recordatorio INVITACIÓN IIDC: mañana sábado 12 de noviembre, 8:00 a 11:00 a.m. debate juristas sobre Proyecto de Ley Procesal Constitucional. Lugar: salón Conacaste, CDI.

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