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Editorial & Opinion

La ineficiencia de la desigualdad

Ana Cevallos / Economista Investigadora Icefi @Cevallob

viernes 31, agosto 2018 - 12:00 am

En mayo de 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó el informe denominado La ineficiencia de la desigualdad, que plantea una ruptura respecto a la visión que ha predominado en el ámbito económico y fiscal. De esta manera, la CEPAL demuestra cómo se ha superado la idea hegemónica según la cual la igualdad y la eficiencia actúan como objetivos contrapuestos y en su lugar, comprueba los costos que impone la desigualdad en términos de eficiencia y el lastre que esto implica para el crecimiento, la democracia y el desarrollo.

De acuerdo con este informe las desigualdades de acceso a la educación y la salud, por ejemplo, al condicionar la innovación y la productividad generan efectos no sólo a nivel individual sino también social y para el conjunto del sistema económico. Por tanto, para América Latina, la región más desigual del mundo, erradicar la desigualdad implica un desafío desde cualquier punto de vista pues, no sólo exige superar la cultura de la violencia, de la jerarquía y los comportamientos rentistas basados en ventajas comparativas estáticas o en privilegios (entre los que habría que incluir los fiscales), sino que además demanda un reparto equitativo de medios (ingreso y la riqueza), oportunidades, capacidades y reconocimiento.

También resulta necesario erradicar la discriminación por razón de género, clase, raza, territorio, entre otros; así como fomentar la participación equitativa en el trabajo remunerado y no remunerado y en el acceso al poder, ya que estos elementos posibilitan una distribución justa y equitativa de los costos y beneficios, así como el ejercicio pleno de los derechos.

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Este estudio reafirma que la agenda por la igualdad constituye una tarea compleja y un camino espinoso, pues no sólo implica la construcción de una nueva cultura sino además la reestructuración y reparto del poder. En consecuencia, exige cambios a nivel microeconómico (familias, empresas), mesoeconómico y macroeconómico;  es decir en las leyes, políticas públicas, instituciones, comportamientos, creencias, entre otros, y por ende, demanda una transformación en las relaciones entre el Estado, el mercado, la familia y la sociedad.

De esa cuenta, me pregunto si en Centroamérica, y en particular en El Salvador, estamos preparados para incorporar la igualdad como un compromiso de Estado o al menos de gobierno, aunque temo que la respuesta no resulta alentadora. Las primeras reacciones y propuestas de los candidatos y candidatas de la actual contienda electoral por la Presidencia expresan posturas que atentan contra cualquier esperanza: la lentitud y el secretismo con que se manejan temas como el pacto fiscal demuestran la exclusión de la igualdad como punto de agenda.


Lo afirmo porque una condición necesaria para construir una sociedad igualitaria es la definición de una política fiscal inclusiva. Esto implica, no sólo contar con recursos públicos suficientes y que se recauden y repartan de forma justa, sino que también consensuar socialmente el contenido de dicha política fiscal a fin de que los ingresos, los gastos y la deuda pública tengan como centro a las personas y sus necesidades a lo largo del ciclo de vida. Adicionalmente, demanda que la transparencia, la participación ciudadana y la igualdad adquieran un carácter transversal como sus principios éticos políticos.

En El Salvador, la decisión de voto cuenta más que antes. La grave situación social, económica y fiscal que afecta al país nos exige asumir un comportamiento ciudadano responsable.  Debemos ser partícipes de la construcción del país que queremos. Por tanto, es nuestra obligación otorgar el voto a quien demuestre disposición y compromiso por el cambio cultural y político que demanda la construcción de una sociedad igualitaria en el sentido amplio del término.




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