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Editorial & Opinion

La injusticia social que nos rodea

Lourdes Molina Escalante / Economista investigadora Icefi @lb_esc

Jueves 23, Febrero 2017 - 12:00 am

Esta semana se celebró por décima ocasión el día de la justicia social y me hubiese encantado escribir sobre cómo nuestro país ha construido una sociedad más justa, sobre cómo todas las personas (sin importar si son hombres o mujeres; niños, adultos o ancianos; o,  habitantes de la zona urbana o rural), se han beneficiado del progreso económico y sobre cómo la garantía y cumplimiento de los derechos humanos han sido el norte hacia el cual se han encaminado nuestras políticas públicas. Lamentablemente no puedo hacerlo, la realidad es otra.

Basta con poner atención, para descubrir que estamos rodeados por la injusticia social: niños en los semáforos haciendo malabares con limones a cambio de centavos; adultos mayores que seguramente tendrán que trabajar hasta el último de sus días porque no tienen una pensión; jóvenes asesinados o tomando la decisión de ir a buscar un futuro lejos de sus familias; supuestos eruditos promoviendo actividades como la minería porque lo importante es el crecimiento económico, qué más da que contaminen; empresarios mediocres pidiendo privilegios porque es la única forma en la que dicen poder ser competitivos; y funcionarios que ven la transparencia y rendición de cuentas como persecución política.

Al ver este contexto necesitamos reflexionar sobre cómo empezamos verdaderamente a construir un país más justo. Deberíamos comenzar por poner a las personas y sus derechos al centro de cualquier política pública y construir acuerdos sociales concretos sobre crecimiento económico, protección ambiental, garantía de un empleo e ingreso digno para cada ciudadano, universalización y mejora en la calidad de los bienes y servicios públicos y, particularmente sobre el papel de la política fiscal.

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Sobre este último, quisiera detenerme, porque estamos en una coyuntura en la que es muy común escuchar la necesidad de alcanzar un acuerdo fiscal, algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los actores principales ha puesto sobre la mesa la necesidad de un acuerdo fiscal que busque la justicia social. Tenemos que reconocer que nuestra política fiscal debe reformularse: el gasto público debe ser suficiente para garantizar el goce de derechos fundamentales de todas las personas y debe estar sujeto a evaluaciones constantes; los ingresos públicos deben basarse en principios de progresividad —quien tiene más paga más, acá resulta fundamental revisar el ISR y los privilegios fiscales; finalmente, es indispensable fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y  la lucha contra cualquier forma de corrupción pública y privada.

Pero todos estos acuerdos y transformaciones requieren que la ciudadanía exija a sus representantes políticos que dejen de lado sus posturas polarizadas, hagan su trabajo y empiecen a construir propuestas, no en base a cálculos electorales, sino con una visión de Estado con mayor bienestar e igualdad de oportunidades.

Parece que tenemos grandes desafíos por delante, por el momento espero, algún día, poder escribir sobre un El Salvador con universalización de servicios públicos básicos como la salud y educación; en el que las personas no se vean obligadas a migrar porque en su país no tienen acceso a un empleo con salario digno; en el que los empresarios están conscientes que el pago de impuestos no es un sacrificio sino una contribución a la construcción de sociedad y de su propia competitividad; en donde el crecimiento económico no se hace a costa de los recursos naturales; y en el que los funcionarios públicos toman decisiones en función del bienestar colectivo. En fin, confío poder escribir un día no muy lejano sobre un El Salvador con justicia social.




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