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Editorial & Opinion

La interpretación constitucional

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: José Luis Lovo Castelar

viernes 20, julio 2018 - 12:00 am

En el Derecho Procesal Constitucional se incluye el tema de la interpretación, con la que se persigue la protección del orden público y la paz social, al resolver las discrepancias con base en la ley. Procura examinar con bases técnicas las opiniones divergentes para la solución de conflictos, en razón de la función unificadora del ordenamiento jurídico y de la concordancia práctica de la norma con los valores de libertad, justicia e igualdad.

La hermenéutica es una metodología diseñada para la realización del arte de interpretar con sensatez y sabiduría, que sirve para no incurrir en excesos, limitaciones o errores al identificar y describir un atinado sentido de las normas en el complicado mundo moderno. Ello es difícil, y se ventila en el ámbito judicial a petición ciudadana, cuando se enfrentan intereses ideológicos o políticos, que pueden resultar perturbadores. Tiene como objeto aportar el significado preciso y pertinente de una norma para superar y corregir inconsistencias y vacíos. Los defectos a corregirse pueden ser formales, derivados de la pobre redacción del texto; o de fondo, por sus conceptos obsoletos, oscuros o imprecisos.

La interpretación se efectúa en diferentes planos:

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  1. COTEJO:

Se compara el texto de la disposición legal disputada –que se torna en objeto de control– con el precepto constitucional pertinente, que es el parámetro de control. Ese control es una defensa del sistema constitucional a través de la correcta aplicación de la norma superior al resolver contradicciones y diferendos, denominados antinomias jurídicas, e incluso para superar dudas, confusiones y conflictos de intereses.

  1. CRITERIOS:

El juez aplicará las fórmulas de análisis interpretativo constitucional, más allá de la interpretación literal (gramatical) que resulta insuficiente.


Son criterios específicos:

  1. a) Descifrar el peso de los valores inmersos en la controversia, conforme el espíritu de la ley; lo axiológico.
  2. b) La prevalencia de la norma superior; lo jerárquico.
  3. c) La revocatoria o modificación de una disposición anterior por la normativa posterior; lo cronológico.
  4. d) La intención del legislador, a cuyo propósito se investigan los antecedentes, como es el acta de la sesión de la Asamblea Constituyente en que se discutió; lo histórico (art. 268 Cn.).
  5. e) La norma especial prevalece sobre la norma general; la especialidad.

Son criterios genéricos:

  1. a) La jurisprudencia internacional y la doctrina prevaleciente en el derecho comparado; la actualización jurídica.
  2. b) La relevancia de la norma cuestionada frente a la realidad nacional, en su riesgo o beneficio; la pertinencia.
  3. c) El impacto potencial en la sociedad e institucionalidad establecida; la proyección política.
  4. d) Los efectos en los fines del derecho y del Estado, en la soberanía, independencia y estabilidad democrática del sistema político; lo teleológico.
  5. e) El respeto al principio Stare Decisis (estarse a lo resuelto), para mantener la consistencia y uniformidad de la doctrina y jurisprudencia nacional, que sólo pueden alterarse con justificaciones suficientes; los precedentes.
  6. PONDERACIÓN:

El artículo 185 de la Constitución reitera la potestad soberana de los Tribunales para administrar justicia y dictar sentencias, y consagra la atribución de éstos para declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición contraria al ordenamiento constitucional; en ese marco se abre un margen para la discrecionalidad judicial, pues el juez debe ponderar y modular los criterios y elementos que han de prevalecer en el caso concreto y sus consecuencias.

  1. PARÁMETROS CONSTITUCIONALES

Al efecto, se valorarán las diferentes interpretaciones plausibles y se determinará de conformidad a los siguientes parámetros: Los principios constitucionales no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio, art. 246 inc. 1° Cn.; la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos, art. 246 inc. 2° Cn.; el interés público tiene primacía sobre el interés privado, art. 246 inc. 2° Cn.; la persona humana es el origen y fin del Estado, art. 1 Cn.; todas las personas son iguales ante la ley, art. 3 Cn.; el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, art. 101 Cn.; etc.

La interpretación constitucional es indispensable, sistemática y armonizadora. La Constitución es un pacto social, la norma suprema de la convivencia nacional. Por ello, en beneficio público es necesario un poder judicial que dignifique la honestidad, la independencia, la imparcialidad, el conocimiento y el dominio técnico.




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