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Editorial & Opinion

La interpretación literal está muerta

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: S. Enrique Anaya

viernes 14, septiembre 2018 - 12:00 am

En publicación efectuada en esta misma columna del Diario El Mundo, el 7 de septiembre de 2018, titulada ‘‘Los valores y principios en la interpretación constitucional’’, el doctor René Hernández Valiente, Presidente del IIDC-Sección El Salvador, refiriéndose a la interpretación de la Constitución, expresó preocupación ante el hecho que “un diputado o comentarista de discutible formación jurídica constitucional”, sostenga “que se debe elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia que respeten total y únicamente el texto de la Constitución y nada más”.

En esencia, coincido con el doctor Hernández Valiente, pero el problema real no es la escasa formación jurídica constitucional del diputado o comentarista, sino que en el país supervive un positivismo jurídico obsoleto, poco evolucionado: se obvia que en El Salvador, desde hace décadas se inició el camino de reconocer que la llamada interpretación literal es, en realidad, una distorsión conceptual–filosófica, lógica, estética, religiosa, jurídica, etc.-.

Resulta lamentable que prevalezca en nuestro medio una comprensión excesivamente elemental o simplista de la interpretación jurídica y que, de modo inexacto, se continúe enseñando y aplicando. Por ello, más allá de la muy razonable preocupación del doctor Hernández Valiente, observamos una situación  que no se aborda en las escuelas de Derecho, ni en los tribunales: el reconocimiento que la llamada interpretación literal está virtualmente muerta, si alguna vez vivió.

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La premisa de este aserto es que la aplicación de cualquier norma jurídica –la Constitución, la ley u otra disposición– siempre requiere, necesaria e indefectiblemente, su interpretación: la inevitabilidad de la interpretación. Y se equivocan los que conceptúan la labor interpretativa como suma de los significados elementales de los vocablos que integran la disposición.

No es necesario que el sujeto que lee y reflexiona sea un especialista en hermenéutica, o un estudioso de oscuros textos (al menos, para quien escribe), por ejemplo, de Heidegger (Ser y tiempo, 1927) o de Gadamer (Verdad y método, 1960), sino que basta apreciar una sencilla noción: intentar desentrañar el significado de una norma jurídica exige, inevitablemente, interpretarla, y en esa actividad intervienen múltiples aspectos valorativos, ideológicos y culturales, incluso del propio sujeto que lo realiza.


Así sucede cada vez que nos proponemos descifrar una lectura –sea una Constitución, un código, una novela, un cuento, la Biblia, etc.- o también cualquier obra de arte, pintura, canción, escultura o película. En efecto, desde hace varias décadas se admite que interpretar las obras humanas, incluido el Derecho, es reconstruir … y reconstruir es crear.

Por ello, un individuo, con el paso del tiempo, entiende de diferente modo y con divergentes resultados, el libro, pintura o película que leyó, vio o escuchó hace 10, 20 o 30 años: ¿Usted ha vuelto a leer ‘‘El llano en llamas’’, ‘‘El Principito’’ o ‘‘Rayuela’’ desde que fue obligación leerlos en bachillerato? … ¿Cree que ponderaría hoy esas obras geniales, tal como cuando las leyó en la adolescencia?

Así, aún de manera intuitiva, advertimos que frente a idéntico texto,  novela, canción, película o escultura, personas  que hemos coincidido en tiempo y lugar, tenemos diferentes recuerdos y comprensiones. Ello ocurre porque todo individuo -parafraseando a José Ortega y Gasset– es él y sus circunstancias, ya que pertenece a una determinada familia, grupo o sociedad y, como tal, está inmerso en culturas y tradiciones particulares, que configuran juicios, prejuicios y precomprensiones, distintos y hasta discrepantes.

Ello también ocurre cuando nos enfrentamos a un texto jurídico, sobre todo si se trata de la Constitución: generalmente se produce una variedad de criterios y conclusiones, pero un juez (en nuestro sistema, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) dirá en definitiva cuál es la idea que se debe adoptar y aplicar. Es más, en todo caso, el concepto declarado judicialmente en un fallo será susceptible en el futuro de adaptación y evolución.

Por ese motivo, un punto neurálgico de la hermenéutica jurídica –sobre todo, la constitucional– es el rechazo de la vetusta tesis de la interpretación literal. Es pertinente el abandono de ese lazo formal que pareciera, más bien,  busca evitar la responsabilidad de la conclusión que se expone, con la clásica excusa del “no lo digo yo, lo dice la Constitución”.




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