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Editorial & Opinion

La jurisdicción constitucional en El Salvador

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autores: Mario Solano y José Luis Lovo Castelar.

viernes 9, diciembre 2016 - 12:00 am

OPINIONA la jurisdicción constitucional corresponde, conforme a los artículos 172 y 174 de la Constitución, la atribución de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional. Reside, prima facie, en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en materias de inconstitucionalidad de las leyes, amparo constitucional y exhibición personal (hábeas corpus), de  controversias  entre los Órganos Legislativo y Ejecutivo y en casos de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía. Se asigna además a las Cámaras de Segunda Instancia, en exhibiciones personales. De manera general se atribuye esta potestad a todos los tribunales de la República, al facultarlos a declarar la inaplicabilidad de las leyes secundarias por causa de inconstitucionalidad.

Se distingue así un ente especializado, la Sala de lo Constitucional, que tiene competencia de control y decisión en forma concentrada, del resto, que conoce en forma difusa. Por ende, El Salvador acoge un sistema jurisdiccional mixto, la tendencia mayoritaria en América Latina.

Por definición, la Constitución es una racionalización del poder o poderes fácticos existentes en la sociedad, y representa la suma de los factores reales de poder que actúan en su seno. (Ferdinando Lassalle, ¿Qué es una  Constitución?).- El jurisconsulto Aragón, explica: “El establecimiento de una Constitución no es sino la consecuencia de una forma muy concreta de entender el orden político y supone, por ello, un intento de racionalizarlo, esto es, de organizar un tipo de Estado congruente con ese orden que se considera modélico, al menos preferible.» (M. Aragón R., Estudios Constitucionales).

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La Constitución es también norma, la superior de todas las normas, es el parámetro de validez del ordenamiento jurídico y de las pautas normativas que se emplean en la sociedad. Lo anterior es un aporte del derecho moderno que procede del constitucionalismo norteamericano. En El Salvador el art. 246 Cn. establece que todas las normas estatales deben conformarse a los principios, derechos y deberes constitucionales. El art. 185 Cn., en esa línea, consagra un mandato colectivo así: «Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos, contraria a los preceptos constitucionales». Todos los jueces están autorizados y obligados a resolver cuestiones de inconstitucionalidad, es el control difuso.

Cultivando sus fortalezas, el sistema judicial salvadoreño podrá generar una atmósfera de certidumbre ciudadana, que sustituya el ambiente de dudas y descalificaciones prevaleciente. El cambio profundo no será posible sin un desempeño honorable, firme, indeclinable y laborioso de sus funcionarios. Un propósito de tal magnitud demanda que las denuncias de  corrupción sean investigadas y, en su caso, castigadas. No se puede ignorar que toda forma de poder tiende a la corrupción, hay una causalidad latente. En los ámbitos público y político, la corrupción es un insulto para la sociedad y para el ciudadano. En el sistema judicial son delitos y faltas punibles. Este flagelo provoca un daño moral que deprime y degrada la conciencia colectiva.


El medio judicial debe ser sano, límpido; los juzgadores, probos, independientes e imparciales, estar preparados para no aceptar prebendas y rechazar el tráfico de influencias, la lentitud premeditada en los procesos, los compromisos deshonestos y los actos maliciosos. La perversidad  afecta o impide que este organismo sea buen garante de la justicia, la seguridad jurídica y demás valores, que en nuestras circunstancias no se aprecian con preeminencia y regularidad. Debe erradicarse. Si ello es exigible al Órgano Judicial, en su globalidad, con mayor razón la pulcritud tiene que brillar en la principal sede del área constitucional, la Sala de lo Constitucional, donde se discuten y resuelven las valoraciones excelsas del Estado,  los derechos fundamentales de los ciudadanos, la supremacía constitucional, el apego a los principios, los fundamentos de las normas y las regulaciones de la Ley Primaria. El derecho es la racionalización política de la ética pública, tal como lo ha pregonado el jus filósofo alemán Guillermo Federico Hegel en su concepción del Estado (El Estado es una racionalización de la Ética) donde la menor sombra de duda crea enorme deflación en la esperanza ciudadana.




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