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Editorial & Opinion

La justicia en la balanza

Francisco Díaz Rodríguez / Superintendente de Competencia

martes 14, marzo 2017 - 12:00 am

Cuando en un tribunal colegiado (de dos o más jueces) surge un empate –discordia, se dice en lenguaje judicial- y no se puede decidir, se llama a un tercero (otro juez) para desempatar -dirimir, en el mismo lenguaje. Nuestra Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) tiene cuatro jueces (magistrados), los empates pueden suceder y de hecho ha sucedido uno en un caso simbólico: la sanción impuesta en 2008 a las empresas MOLSA y HARISA por la Superintendencia de Competencia (SC). ¿Le interesa saber?

El ilícito (práctica anticompetitiva) cometido por las empresas fue repartirse el mercado de la harina de trigo: 55 % para una, 45 % para la otra). Con este tipo de acuerdos los agentes económicos pueden manipular los precios de los productos a su conveniencia. La sanción impuesta por el Consejo Directivo (CD) de la SC el 4 septiembre 2008, fue de $1,971,015.16 para MOLSA, y de $2,061,406.20 para HARISA. La sanción se basó, fundamentalmente, en pruebas materiales recogidas durante el allanamiento: agendas de empleados gerenciales de la empresa en donde aparecen anotados los porcentajes de ventas, y los cálculos según los cuales una empresa entregaba cinco dólares a la otra por cada quintal vendido en exceso del porcentaje acordado; se recogieron también los archivos electrónicos Excel de esos mismos cálculos.

Las empresas, cada una por su cuenta, presentaron recursos ante la SCA contra la resolución del CD. El recurso impulsado por HARISA ahora está listo para dictar sentencia. MOLSA, en cambio, consiguió que la (anterior) SCA, en sentencia de 1 diciembre 2011, resolviera a su favor declarando “ilegal” la resolución del CD porque, según ella, existían vicios en el procedimiento de allanamiento. En otras palabras, logró botar la resolución de la SC.

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Cómo esa sentencia de la SCA pareció tan manifiestamente violatoria de varios principios al debido proceso constitucional, el CD, el 28 febrero 2012, presentó recurso de amparo contra esa sentencia. La Sala de lo Constitucional dio la razón al CD. En sentencia de 24 octubre 2014, dijo que lo actuado por la SC estaba apegado a la ley (por tanto, sus pruebas son válidas), y que la SCA, en su fallo, había violentado principios constitucionales. En consecuencia, la Sala de lo Constitucional declaró “ha lugar el amparo” y ordenó a la SCA “resuelva de conformidad con los parámetros constitucionalidad señalados”.

Estando así las cosas, MOLSA solicitó recusar -sacar del juicio- a la Presidenta de la (actual) Sala de lo Contencioso, pero debido a lo inconsistente de su argumento su solicitud fue rechazada el 25 agosto 2016.


El 15 de febrero pasado, el CD fue sorprendido por otra extraña vicisitud en el juicio: no se puede dictar sentencia, hay empate. La notificación de la SCA dice: “vistos en discordia para emitir sentencia”, llámese “para dirimirla a la magistrada suplente…”. Dicho en cristiano: estamos empatados, llamemos otro juez para que desempate. La justicia en la balanza.

Sé que el Derecho de Competencia es muy especializado y que no muchos lo conocen, pero, aun así, es difícil entender cómo, existiendo prueba material directa del ilícito y existiendo una sentencia constitucional que legitima la prueba, magistrados de Corte tengan tantas dudas, o temores, o presiones, que les confundan tanto hasta el punto de no poder resolver sobre lo evidente y comprobado. Esto no resulta razonable. Llama también la atención el hecho de que, casi a última hora, la empresa intente descabezar al (actual) tribunal recusando a su Presidenta.

Es importante decir que las prácticas anticompetitivas son modalidades de corrupción privada, de corrupción en el mercado y en los negocios, y que no sancionarlas significa contribuir a la impunidad en El Salvador. Desde la sanción del CD hasta la fecha llevamos ocho años seis meses de impunidad. Durante todos esos años -y otros hacia atrás en que se cometió la práctica ilícita, el mercado ha estado distorsionado, los panificadores y los consumidores finales hemos sido directamente perjudicados, aquéllos en sus ingresos y nosotros en nuestros bolsillos. Hago un llamado a las organizaciones que actualmente denuncian con firmeza la corrupción y la impunidad para que se informen, analicen y pronuncien sobre este caso. Pueden leer todas las resoluciones del CD, así como las de las Salas Constitucional y Contencioso Administrativo, desde cualquier dispositivo electrónico a través de la app.sc.gob.sv, o en la página www.sc.gob.sv. Detengamos la impunidad. Ojalá todavía estemos a tiempo.




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