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OPINIONCon la resolución emanada recientemente por la Jueza Séptima de Paz, de San Salvador, en el caso Rais-Martínez, se deben de analizar algunos escenarios jurídicos, pero más allá de ello es importante interpretar el mensaje que se le está dando a la ciudadanía con respecto a la justicia, dado que las expectativas de la población eran mayores a lo resuelto.

Es decir, que el caso fue planteado por la fiscalía con la sufriente robustez y peso jurídico para pasar a la siguiente etapa con la medida gravosa de la detención para algunos de los investigados. Es de aclarar que todos los investigados gozan de la presunción de inocencia, o sea, que toda persona acusada de un delito,  tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

En consecuencia, el derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en todas las etapas del proceso penal y en todas las instancias del mismo. A diferencia del proceso penal en el sistema inquisitivo en el cual bastaba que existiera una denuncia penal en contra de una persona y la referencia de su comisión por dos testigos para que pudiera ponerse en cuestión la reputación del indiciado.

De manera que la confusión estriba en que algunos medios de comunicación y la población misma, daban por sentado que las personas señaladas en la investigación Rais-Martínez, son culpables y por ende han sido juzgados sin misericordia y sin garantías, de ahí a lo mejor se desprende el sentimiento en contra de la posición de la Jueza Séptimo de Paz en continuar el proceso, pero con los indiciados en libertad.

No obstante, es importante analizar el caso de forma jurídica más allá del morbo que se pueda generar en la población y en las redes sociales. Quizá uno de los aspectos en los cuales debe mejorar la fiscalía, es que debe eliminar cualquier sentimiento de revanchismo y enfocarse de forma objetiva en la investigación, independientemente de quienes sean los procesados, ya que ello también nos puede conducir a creer que al caso Rais-Martínez, le han dedicado más tiempo que a otros casos que tienen más antigüedad y mejores elementos de juicio.

Es decir, que la justicia la pueden estar dirigiendo hacia un rumbo sesgado, más que a un punto de imparcialidad, ya que la ley señala que si una persona se presenta voluntariamente a comparecer sobre algún hecho que se le impute en sede fiscal, aunque haya orden de captura administrativa, no es correcto que se le detenga, ya que no existe el peligro de fuga.

Por lo tanto, la señal que se está enviando a la población es que si el día de mañana una persona es citada en la fiscalía, no va a querer comparecer por el temor que lo detengan, lo cual puede ser contraproducente hacia las investigaciones en curso que lleva la fiscalía donde se requiera a un testigo. Ahora bien, todo lo anterior de ninguna manera anula la forma en que ha resuelto la jueza, debido a las múltiples irregularidades que se dieron.

Ya que el deber del juez no solo es impartir justicia, sino regular el actuar de las partes en la audiencia, de modo que no haya abusos como el caso de los abogados defensores que hicieron alegatos excesivos, hubo múltiples recesos, pero lo más crítico es considerar la escucha de la grabación y luego no y luego sí, y por ultimo no fue admitida.

De tal suerte que todas estas incongruencias son las que dejan mal sabor en la población, digo lo anterior porque la ley señala que la audiencia ante un juez de paz es únicamente para valorar los hechos, hacer una relación circunstanciada de ellos y para ofrecer la prueba, mas no para discutirla. Aunque pueden existir evidencias sólidas sobre la manipulación y plantación de pruebas, será un juez superior quien decida si son culpables o no de haber procesado injustamente al matrimonio Calderon-Herrera. Por el momento nuestro deber es apoyar a la Fiscalía.

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