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A todos los ciudadanos pendientes de cómo se desenvuelve el país, nos interesa que la JUSTICIA cumpla su función social, pese a que en ocasiones la situación que se discute en los tribunales, aparezca una gran dosis del tema político. Así ha pasado con el juicio CEL ENEL, donde finalmente el juez de la causa exoneró a los implicados y de esa forma puso punto final al caso en el ámbito judicial.

En dicho caso, se hizo evidente la intervención política de parte del órgano ejecutivo, quien permitió u ordenó que no se cumpliera una sentencia dictada por un tribunal internacional, lo cual produjo zozobra  en el mundo donde operan las empresas  extranjeras ofreciendo servicios que las empresas nacionales no tienen capacidad de ofrecer. En dicho caso se llegó mucho más allá, al pretender involucrar a los altos funcionarios que dirigían las empresas que controlan la energía del país, en delitos gravísimos, que involucraban su honor y lealtad a la patria, ubicándolos como beneficiarios de intereses contrarios a los deseos de los salvadoreños.

Menos mal que el juez tuvo el buen criterio de comprender que una transnacional tenia la capacidad de desarrollar la obra encomendada y desde luego, obtener una ganancia legítima  en la aventura. Incluso, debe mencionarse  que la Fiscalía General de la República, entidad encargada de que se haga justicia, estaba de acuerdo con el criterio de que no hubo delito que perseguir.

En esta ocasión queremos referirnos nuevamente al caso de la obra conocida como boulevard Diego de Holguin, después inaugurado como Monseñor Romero “les guste o no les guste”

Este es otro caso emblemático porque se ha desarrollado bajo una visión  exagerada, lo único que se ha puesto en evidencia es que si acaso hubo malos manejos de fondos, la accion iniciada no se ha encaminado contra los culpables, sino que se ha montado un teatro para encubrir a los culpables.

Todo empezó cuando el presidente de entonces cambió al ministro de Obras Públicas ante el rumor de que algo malo había en el proyecto y colocó a otro ministro para que enderezara lo torcido si es que había algo torcido en el asunto. Para quienes conocemos al sustituto nos parece que se trata de un  abogado de toda confiabilidad por su capacidad y por su honorabilidad. Sin embargo, su sucesor presentó ante la Fiscalía una camionada de documentos con los que supuestamente se demostraba la culpabilidad de los involucrados.

Nuevamente, este nuevo juez con buen criterio, ha permitido que el juicio se haya desarrollado con el beneficio de la libertad de los detenidos. Sin embargo, y como si se quisiera proteger a alguien, quien ostentaba la cartera cuando ocurrió el problema que originó el asunto, no se menciona para nada, lo cual da la idea que no tiene responsabilidad, y esta se quiere trasladar a otras personas.

Se habló de TREINTA MILLONES que se entregaron al superior en el mando jerárquico, lo que provocó juicios por difamación, que no terminó en nada. Al final, muchos tenemos la impresión de que sí hubo algo incorrecto, los culpables no están siendo juzgados. Fatal sería que hubiera condena para inocentes, con el solo objeto de comprometer a éstos, y exonerar a otros.

El supremo ilumine al juzgador y le dé valor para que su sentencia sea justa y que por lo menos si no condene a quien fuere culpable, no vaya a condenar a quien fuere inocente, porque eso sería desastroso para la fama del sistema judicial salvadoreño.

El caso del ex presidente Flores es otro caso en que los jueces que intervengan deben tener en cuenta la gran dosis de política que implica juzgar a un ex presidente bajo un régimen controlado por los opositores. Tal situación, genera una guerra política que espera cinco años para iniciar una nueva ofensiva contra el perdedor de las elecciones futuros. Juzgar a quien comete faltas está bien, pero juzgar por motivos políticos, nos parece una bajeza que nos impide prosperar como nación. Dios guarde a El Salvador, e ilumine a sus gobernantes.

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