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OPINIONUna resolución judicial difícilmente dejará contenta a ambas partes, siempre habrá una que se sentirá agraviada y que la considerará injusta. La población a la expectativa de los casos mediáticos y sin conocimiento de la legislación siempre se formará una opinión muchas veces determinada por la información periodística.

Para muchos la justicia es condenar, obviando que hacer justicia también es absolver, tal como ha ocurrido la semanapasada con el caso de  Sonia  Sánchez, una mujer ambientalista que fue demandada por un grupo empresarial por el delito de calumnia y difamación.  Los demandantes pedían que la acusada pagara una cantidad de $25 mil en concepto de indemnización.

La ambientalista   había   denunciado los efectos negativos climáticos que puede dejar la tala de más de 400 manzanas de bosque en el municipio de Santo Tomás, lugar en el que grupo empresarial construye un complejo habitacional.

El juez, tras valorar las pruebas, considero que la mujer solo actuó por su preocupación por el medio ambiente, sin ánimos de difamar o calumniar al grupo empresarial. Por lo tanto, absolvió. La parte demandante está facultada legalmente para presentar un recurso de casación del fallo ante la respectiva Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para que los magistrados ratifiquen, modifiquen o anulen la sentencia. Así funcionan los controles de la justicia.

El domingo pasado fue el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador el que, tras valorar los indicios de pruebas del caso Rais-Martínez –como se le ha denominado al proceso contra el empresario, el exfiscal, los exjueces y otros abogados– e interpretar la legislación nacional, decidió pasar a la fase de instrucción con medidas sustitutivas a la detención de los 11 procesados, entre ellas una caución económica.

Apenas la jueza había dado la resolución, los procesados, sus abogados y sus familiares comenzaron a declarar que la justicia había funcionado correctamente; por su parte, la Fiscalía comenzó a despotricar contra la jueza, incluso insinuando que había un contubernio para favorecer a los procesados. Imagino que si la resolución de la jueza hubiese sido mandar a la cárcel a los imputados las reacciones hubiesen sido a la inversa.

Resulta que la resolución íntegra será entregada a las partes  hasta el próximo viernes y a partir de ese día, tanto Fiscalía como defensa cuentan con cinco días hábiles para interponer los recursos que consideren pertinentes, a efecto de que sea un tribunal superior el que decida si lo actuado por la operadora de justicia está apegado a lo establecido por la legislación salvadoreña. Es decir, los controles legales existen y ninguna resolución, fallo o sentencia es definitiva, excepto si ésta es emitida por la Sala de lo Constitucional, pues estas sentencias no admiten apelaciones de ningún tipo, al ser de obligatorio cumplimiento.

Al final los 11 procesados en el caso Rais-Martínez seguirán procesados y deberán enfrentar una audiencia preliminar donde se decidirá si continúan con medidas o detenidos y si pasan a juicio o son sobreseídos. Igual, la resolución que dé el respectivo juzgado de Instrucción puede ser objeto de un control  superior, por lo tanto, despotricar contra una juez por una resolución no es válido, especialmente si esos señalamientos infundados vienen de conocedores de la ley. Está bien que los periodistas nos sumemos a las dudas, pues finalmente poco conocemos de leyes, pero que un abogado o representante de la Fiscalía lo haga, pareciera ser muestra de frustración.

La Fiscalía está en todo su derecho de apelar la resolución judicial, si lo considera pertinente, pues siempre existirá la posibilidad de que una resolución judicial sea, con intención o sin ella, equivocada, tanto para una u otra parte de los intervinientes en un proceso judicial.

Tanto los fiscales del caso Rais-Martínez, como los representantes del grupo empresarial que demandó a la señora Sánchez tienen derecho a apelar. Igual lo tienen quienes en otros procesos defienden o acusan a pandilleros o a cualquier tipo de criminal. En vez de despotricar hay que darle curso a los controles de la justicia, por supuesto velando porque se haga justicia en el marco de la legalidad y denunciando todo tipo de corrupción cuando se tienen pruebas fehacientes. La razón debe ser superior a la emoción.

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