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El proceso de democratización centroamericano se ha dado en un contexto de altibajos. Se transitó de dictaduras militares a gobiernos elegidos bajo reglas democráticas, pasando por guerras civiles. En todo este proceso, Centroamérica fue capaz de tolerar genocidios, como el de Guatemala, y golpes de Estado, como el de Honduras en 2009, pues la ciudadanía apenas y se manifestó, y quienes lo hicieron fue de forma dividida entre quienes lo denunciaron y aquellos que dijeron que no había pasado nada.

Sin embargo, la corrupción ha sido el factor  capaz de hacer que miles de ciudadanos de distintos sectores, diferentes edades, con pensamientos ideológicos distintos puedan unirse para salir a las calles a protestar.

Inició en Guatemala cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público (MP) destaparon una red de corrupción encabezada por el secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y donde todo parece indicar que ella estuvo relacionada al grado que, ante el clamor popular y la presión del sector empresarial, renunció a su cargo. Como si esto fuera poco, la Cicig con el MP capturaron a 17 personas involucradas en la adjudicación anómala de un contrato millonario en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); entre los capturados estaba el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), y el exsecretario privado del presidente Otto Pérez Molina. En ambos casos el Presidente salió salpicado, tanto es así que la Corte Suprema de Justicia ha dado trámite al proceso de quitarle la inmunidad, aunque la decisión final tendrá que tomarla el Congreso. Independientemente de lo que éste decida, representativos sectores de la sociedad  guatemalteca desde hace semanas le han exigido su renuncia.

En las recientes semanas un fenómeno similar ha ocurrido en Honduras, donde luego de conocerse el enorme fraude en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que de acuerdo al Ministerio Público asciende a más de USD 100 millones, y que el presidente Juan Orlando Hernández admitió que recibió fondos para su campaña proveniente de este fraude, causó que miles de hondureños salieran a la calle a pedir la renuncia del presidente.

En ambos casos, aunque la gota que derramó el vaso fue la corrupción, en el fondo lo que se ve es un basta ya a un sistema que socava la democracia de nuestros países. La ciudadanía entendió que salir a las calles a manifestarse no es un acto vandálico, sino un acto cívico; donde se pasa del conformismo de no hacer nada, a juntarse con compatriotas para comprobar que la sociedad es algo colectivo. El reto para nuestros hermanos guatemaltecos y hondureños es cómo lograr pasar de la protesta a la propuesta, y poder así construir países prósperos, sostenibles y democráticos. Pero el primer paso lo han dado.

En El Salvador no hemos sido ajenos a estos casos de corrupción: donde la ley castiga más a quien roba un celular, que a quien roba millones de dólares al Estado; donde los corruptos saben aprovecharse de un sistema judicial que también lo es; y, donde tenemos un presidente confeso resguardado en su casa. Pero no solo es la corrupción la que nos afecta, hemos pasado de un promedio de 11 a 13 a 15 a 20 (y la cuenta continúa) homicidios diarios y solo nos vamos acostumbrando a la nueva cifra. Somos un país en el que  miles de niños y niñas tienen problemas de desnutrición crónica, mientras que empresas con ganancias millonarias evaden el pago de impuestos. Y como ciudadanos, ¿qué hemos hecho? En el mejor de los casos desde nuestro Smartphone tuiteamos o posteamos algo; pero al parecer hemos perdido los deseos de dar un primer paso al salir a las calles unidos, sin importar sexo, edad, religión o ideología política. Estamos tan ocupados en el día a día y envueltos en el temor generado por la violencia que hemos olvidado lo que es empujar cambios como sociedad; por fortuna los países vecinos nos están dando el ejemplo.

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