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Editorial & Opinion

La mejor propuesta de pensiones es la de “ICP”

Jaime Ramírez Ortega / Consejero legal y de negocios

Sábado 2, Septiembre 2017 - 12:00 am

Evidentemente el sistema de pensiones agoniza lentamente ante la vista inerte de algunos funcionarios públicos que solo desean tomar el poco dinero que aún continúa en las manos de las AFP, pero no, por la voluntad del gobierno, sino por las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que valientemente han frenado el saqueo que el gobierno ha querido ejecutar para cumplir con sus compromisos fiscales, pero a decir verdad no se está pensando en mejorar las condiciones de los pensionados, sino paliar los huecos financieros que arrastra el Estado desde hace varias décadas.

Prueba de ello es que uno de los pilares de la última propuesta del Gobierno del FMLN, se refiere a la creación del Fondo Colectivo de los Trabajadores, el cual sería alimentado de al menos tres fuentes y sería el responsable del pago de las obligaciones que actualmente tiene el Estado.

Es decir que el proyecto gubernamental indica que el 8 %, o sea más de la mitad de ese aporte mensual de 15 %, se dirigiría al Fondo Colectivo, y solo el 5.5 % se quedaría en la cuenta individual de los trabajadores.  Y el resto del 1.5 % sería para la comisión de la AFP, y el pago de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia del cotizante.

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En consecuencia, el anteproyecto asegura que tendrán cuentas individuales, pero en la práctica se trataría de cuentas nocionales, por lo tanto, cuentas engañosas para cada trabajador dentro de un fondo solidario, pero sin ningún respaldo financiero. Entonces los trabajadores van a tener el dinero ahorrado a través de los años, pero serán únicamente papeles sin valor, que garantizarán la operación contable, pero no monetaria.

Por lo tanto, esta nueva propuesta del gobierno, al igual que la anterior, conlleva el aumentar la edad de jubilación, desvincular el dinero de los ahorrantes de una fuente segura, apropiarse del dinero de los pensionados para utilizarlo de forma discrecional y poder hacer frente a los múltiples problemas de liquidez y de insolvencia en la que se encuentra el Estado. Ante ello no se ve novedad o beneficio a favor del ahorrante de parte de la propuesta del gobierno, sino el ánimo de confiscar el dinero privado de los pensionados para usarlo de forma indebida.

Además de ello se observa que la propuesta no tiene un trasfondo técnico, ni un contenido robusto que sostenga a través del tiempo la factibilidad que garantice o soporte una mayor rentabilidad a favor de los pensionados.

Por otra parte, la propuesta presentada por Asafondos e ICP, no es perfecta, pero es la de mayor solidez, primero porque a diferencia de lo que propone el gobierno que más de la mitad se designe al fondo colectivo, ICP plantea que el 11 % se destinarían a la cuenta individual, otros dos puntos a la Reserva de Pensión Vitalicia (RVP, el pilar solidario), y dos puntos para la comisión y el seguro.

En otras palabras, la mayor distribución de los ingresos será a favor del ahorrante, lo cual  se verá reflejado en un mayor beneficio, tanto en ahorro como en rentabilidad,  de modo que esta propuesta  buscan el fortalecimiento de los ingresos de los pensionados a través  del modelo multipilar, que se fundamenta en tres pilares: el primer pilar, de carácter solidario, para la atención de la población menos favorecida, que por sus condiciones económicas y laborales no tienen acceso a la cobertura ofrecida por los sistemas contributivos.

El segundo pilar es de carácter contributivo, en el que los empleadores y trabajadores son co-responsables de su financiamiento y brinda cobertura a los trabajadores que tienen capacidad de contribuir, y por ultimo un tercer pilar en el que se consideran los aportes de carácter voluntario que pueden realizar los trabajadores a fin de obtener mejores beneficios al finalizar su vida laboral activa.

Bajo este esquema, es posible darles una mayor rentabilidad a los pensionados, construir en forma conjunta un fondo solidario para los menos favorecidos, restar la deuda y carga contributiva que tiene el gobierno y paliar el problema de liquidez y de insolvencia en el que nos encontramos como país. De manera que es la propuesta más coherente y técnica que se ha planteado hasta la fecha, en ese sentido los diputados y la ciudadanía, están obligados apoyar los esfuerzos para su pronta aprobación.



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