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Editorial & Opinion

La participación es consustancial a una sana democracia

Eduardo Cálix / Colaborador

viernes 19, mayo 2017 - 12:00 am

La democracia se fundamenta en principios de libertad, igualdad y participación, mismos que deben mantener un perfecto equilibrio; si uno de ellos no guarda relación con los otros, estamos limitando la participación plena del ciudadano en democracia.

La vida democrática sólo tiene sustento y sentido si está basada en una ciudadanía responsable y autónoma, crítica, participativa, en pleno ejercicio de sus derechos y libertades, así como en un piso firme e incluyente de legalidad, en un marco de pluralidad y representación política.

Esto implica generar condiciones para que todas las personas tengan la posibilidad real de ejercer y hacer valer sus derechos, convencidos del valor fundamental de la cohesión social que ofrezca a toda la gente oportunidades de desarrollo, pertenencia y de crecimiento en sus comunidades.

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La calidad ciudadana depende en gran medida del compromiso político, social y local que cada ciudadano asuma en lo individual y en lo colectivo. No hay individuos sin comunidad ni comunidad sin individuos.

Por el contrario, la marginación, violencia, y la desintegración familiar son factores disruptivos del tejido social y causa de muchos problemas y fenómenos asociados a la vulneración de derechos, la violación de la norma y la delincuencia.


La legalidad democrática y la inclusión social constituyen, pues, el basamento de una sociedad de derechos y bienestar, cuya conjugación forma el círculo virtuoso de la civilidad y la paz.

Ante todo, la política debe ser el proceso ínter vincular en la que influyen posiciones, diferencias y coincidencias, posturas encontradas y acordadas, pero cuyo espíritu siempre sea el de colaborar para organizar y solucionar, sin lesionar los intereses de los diferentes sectores, privilegiando lo general por sobre lo particular.

En consecuencia, frente a los desafíos de nuestra realidad, en particular los fenómenos de la violencia y la delincuencia, además de las funciones esenciales del Estado en los ámbitos de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia, son también imprescindibles las políticas públicas en materia de prevención social y participación ciudadana.

El fortalecimiento y consolidación de un programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia, como instrumento idóneo para determinar y alinear objetivos en materia de prevención, mediante la articulación de capacidades, recursos y acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública, en colaboración con las organizaciones civiles, las comunidades más afectadas y los municipios, debería ser una apuesta a concretar.

Lograr perfeccionar procesos de diagnóstico, instrumentación, evaluación y rendición de cuentas, con especial énfasis en la atención de los factores de riesgo más críticos, entre los cuales destaquen la exclusión social, la violencia intrafamiliar, las adicciones, la inequidad de género, el deterioro de los espacios públicos y, desde luego, la falta de oportunidades de educación y empleo, sobre todo entre la población joven, es clave para avanzar hacia la paz social.

Así, como en los demás sectores, si no existe el compromiso, sin responsabilidad ni individual ni colectiva, no puede haber posibilidad de cambio.

Participar es la vía para gozar de una mejor sociedad. A través de la democracia y sus valores: la pluralidad, la tolerancia, la legalidad y el respeto mutuo, se consolida una sociedad integrada en un sistema de convivencia, poniendo a pleno los derechos ciudadanos, las libertades individuales y la ética de la solidaridad para abordar el progreso de nuestro pueblo.

Una colectividad civilizada y educada en la que los ciudadanos actuemos libres y convivamos en forma armónica, y donde los derechos de las personas sean respetados por sus semejantes y por sus representantes, será siempre consustancial y pilar fundamental de una sana democracia.




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