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Editorial & Opinion

La polarización daña la imagen del país

Armando Rivera Bolaños/Abogado y Notario

miércoles 4, octubre 2017 - 12:00 am

Como positiva y patriótica podría calificarse la reciente aprobación a la reforma del sistema de pensiones, acordada en una sesión plenaria “maratónica” de nuestra Asamblea Legislativa y la cual contó con el apoyo de todos los partidos políticos representados en el primer Órgano del Estado. Es loable y así debemos reconocerlo, la anuencia que al final tuvieron los dos grandes institutos  políticos, ARENA y FMLN, que por meses mantuvieron posturas diametralmente opuestas que polarizaron el ambiente social del país, sumándose esa polarización a la vorágine de otros problemas que nos tienen a los salvadoreños entre la aflicción y la desesperanza, a tal punto que nadie dudaba que llegaríamos de nuevo a la situación de “impago”, mismo que nos pondría en el riesgo de que los certificados de inversión previsional (cip) y los bonos estatales o Letes, fueran considerados como “basura”, colocando otra vez a El Salvador dentro de una indeseable lista como país nada confiable para los inversores. Hemos estado, pues, a un “salto de sapo” de caer al abismo profundo de la descalificación crediticia más severa de los últimos cincuenta años, hasta el punto que ya algunas de las mismas calificadoras internacionales, como Fitch, recientemente señaló en un informe detallado que “la polarización política e ideológica es uno de los factores que más dañan la imagen de El Salvador ante el mundo”, así de simple.

La aprobación urgente y necesaria del sistema previsional salvadoreño, es un logro positivo de nuestra sociedad que, por medio de comunicados, manifiestos, concentraciones, editoriales y comentarios periodísticos, etcétera, crearon conciencia en el ánimo de las dirigencias políticas antagónicas, algunas más reacias que otras, pero que al final acordaron la creación multipartidaria de una comisión ad hoc, es decir, expresamente formada para revisar los diversos proyectos de pensiones puestos a consideración del Órgano Legislativo y resumir, de todos ellos, aquellos puntos que resultaran favorables tanto al Estado como al sector cotizante, es decir, a los trabajadores, e integrarlos en el anteproyecto finalmente aprobado por mayoría unánime. Esperamos que su sanción, publicación y entrada en vigor sea un hecho jurídico positivo cuando salga a luz este comentario. En este paso de avanzada, que permite evitar a futuro caer de nuevo en crisis de pagos oportunos a quienes se sacrificaron laborando, no hay vencidos ni vencedores, sino una manifestación de armonía colectiva que refleja nuestra conciencia de salvadoreñidad, la cual nos une solidarios cuando la Patria se encuentra ante problemas graves. De esta forma, ningún partido político, mucho menos el gobierno de turno, puede invocar este acuerdo como un logro individual de su partido o de su gestión. Ha triunfado la racionalidad y la unidad de los salvadoreños y así lo expresamos, con orgullo y satisfacción, ante el mundo entero; aunque cabe felicitar a los actores de esa aprobación, sobre todo a ciertos diputados a quienes vimos más activos que otros en la misma comisión ad hoc, incluso oyéndolos expresar sugerencias válidas y aportar ideas favorables y advertir de riesgos. Por respeto a los demás, me abstengo de mencionar sus nombres.

Finalmente, creo que a partir de este hecho positivo y trascendental para la República, podemos continuar en este mismo camino, o recorrer nuevos senderos, para resolver otros problemas graves que nos aquejan con dureza e incertidumbre como la débil condición en el país para denunciar la corrupción galopante, combatir efectivamente y reducir la delincuencia que hoy se encuentra en  niveles exponenciales, la falta de incentivos para atraer inversiones del extranjero por falta de seguridad jurídica, simplificación administrativa que evite engorrosos y retardados trámites aduaneros, agilización de casos jurídicos penales para evitar en parte el congestionamiento carcelario, firme exigencia legal a todas las entidades de gobierno (incluyendo Casa Presidencial), para que remitan informes solicitados tanto por el Tribunal de Ética Gubernamental, como por el Instituto de Acceso a Información Pública, reducción de empleos dados en dependencias oficiales por simple amiguismo político y un largo etcétera más. Hemos demostrado que podemos unirnos en asuntos de gran importancia nacional. Resolver el agudo caso previsional era cuesta arriba y hubo instantes que perdimos la perspectiva de alcanzarlo, tal como se logró. Ahora, la obra unificadora debe continuar…

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