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Editorial & Opinion

La política migratoria del tío Sam

Juan José Urbina / Economista Senior de Icefi @Juanjourbina

jueves 9, agosto 2018 - 12:00 am

Más de 30 años han pasado desde la aprobación de la Ley IRCA (Inmigration Reform and Control Act) que fue la última gran amnistía migratoria que permitió a tres millones de indocumentados (2.3 millones eran mexicanos) solventar su estatus legal en los Estados Unidos. Desde entonces las cosas se han complicado, especialmente con la siguiente gran reforma migratoria que llegó bajo la Ley Reforma de Inmigración Ilegal y la ley de Responsabilidad Migratoria (IIRIRA) que en 1996 creó requisitos muy difíciles de cumplir para muchos de los indocumentados que ya residían en el país del norte.

A pesar de esto, según datos del Migration Policy Institute (MPI) en promedio cerca de 16,000 salvadoreños logran la ciudadanía norteamericana cada año. Al tiempo que el mismo MPI estima que 465,000 salvadoreños residen en los Estados Unidos de forma indocumentada. Esto quiere decir que, sin un cambio en las leyes de migración, tomaría 30 años para que nuestros compatriotas logren solventar su situación legal en dicho país.

Son muy pocos los parlamentarios estadounidenses que se atreven a hablar de una reforma migratoria que incluya otra amnistía, haciendo incluso que dicha palabra sea un tabú dentro del lenguaje político. Ante la ausencia de dicha reforma y buscando evadir la responsabilidad, dos han sido los programas que de una u otra manera han servido para dar cierta protección a los inmigrantes salvadoreños indocumentados. Estos programas han sido el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

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Sin embargo, el gobierno del presidente Trump, siendo fiel a sus promesas de campaña, anunció la cancelación del TPS para los salvadoreños, efectiva a partir de septiembre de 2019 y canceló el DACA en septiembre de 2017. Con lo que 200 mil salvadoreños amparados por el TPS, y 28,000 jóvenes salvadoreños que ingresaron sin papeles cuando eran niños, enfrentan una posible deportación. El mensaje ha sido fuerte y claro: La política migratoria tiene y tendrá Tolerancia Cero hacia los inmigrantes indocumentados.

Y por si quedaban dudas por traducción del mensaje, en lo que va del año seis han sido los emisarios del Gobierno de los EE.UU. que han visitado los países del Triángulo Norte de Centroamérica. El subsecretario de Asuntos Consulares, el subsecretario del Departamento de Agricultura, la embajadora permanente ante las Naciones Unidas, la secretaria de Seguridad Nacional, la subsecretaria adjunta para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley e, incluso, el mismo vicepresidente Mike Pence. Todos bajo el mismo mensaje que en palabras de Pence fue: “Vengan legalmente a Estados Unidos; si no, no lo hagan”.


Además del mensaje, traen propuestas de solución que parecen una extensión del Plan Alianza para la Prosperidad, el cual incluye componentes de militarización e incremento en las labores de seguridad en las fronteras, trasladando así la lucha fronteriza de Texas a Chiapas, sin olvidar que estas propuestas incluyen apoyo a campañas mediáticas, para disuadir la migración indocumentada e informar sobre los riesgos de realizar el trayecto. Sin embargo, la violencia, la desigualdad que limita imaginar un proyecto de vida con bienestar y el continuado debilitamiento de las funciones y obligaciones de la administración pública en favor del mercado incluso en servicios vitales como la salud, la educación  o el agua,  representan para muchas familias un peligro mayor a los riesgos que enfrentarán el viaje hacia EE.UU. y en su vida como indocumentados.

El panorama pinta lúgubre, y ya no podemos esperar a que la benevolencia del tío Sam cambie a nuestro favor. Es por eso que mientras los gobiernos sigan jugando a la diplomacia, se necesita una ciudadanía que les exija acciones estructurales, integrales e incluyentes; con políticas fiscales sostenibles que provean recursos públicos suficientes para financiar sistemas de protección universalistas que combatan la pobreza y la desigualdad. Esto, acompañado de inversiones económicas y sociales que eleven la capacidad de producción, que modernicen y amplíen el sistema productivo y universalicen el empleo y la seguridad social. No se trata solo de evitar la migración indocumentada, sino de construir las condiciones que aseguren el derecho universal a decidir quedarse.




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