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Editorial & Opinion

La propaganda electoral prohibida

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Sección El Salvador

viernes 11, mayo 2018 - 12:00 am

El día 9 de abril de 2018, el Tribunal Supremo Electoral (TSE),  inició un proceso administrativo sancionador contra los precandidatos presidenciales de ARENA para determinar si habían o no incurrido en propaganda electoral anticipada.

En tal oportunidad, el TSE dictó una medida cautelar en la que ordenó a los medios de comunicación abstenerse de esa propaganda; y es más, previno a los partidos, precandidatos y ciudadanos en general, que no difundieran actividades de publicidad electoral en el tiempo previo al período de cuatro meses anteriores a la fecha del sufragio, al amparo del art. 81 de la Constitución.

Lo acordado, era obvio, se destinaba a publicaciones o mensajes de prensa y otros similares, ya fuese efectuada por el partido o por los aspirantes a candidatos, lo que se extendió a prohibir noticias y otras modalidades de anuncio.

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Consideramos pertinente adversar lo resuelto, por haberse aplicado el ámbito de la prohibición constitucional externa del art. 81 Cn. al plano diferente de las elecciones internas y, asimismo, por cuanto esa prevención viola la libertad de expresión y el derecho político de postulación a un cargo público (art. 72 ord. 3° Cn.).

Esa resolución del TSE se dictó con una base equivocada, al referirse al objetivo constitucional específico de prevenir, suspender y sancionar la propaganda previa, por estar fuera del plazo constitucional. Esto porque dicho organismo concluyó que la difusión de la campaña interna serviría como propaganda para ganar adeptos con miras a la ulterior votación nacional, y al difundir ofertas electorales y promover a los potenciales candidatos presidenciales.


Ante ello, observamos como justificación que los partidos políticos conforme al artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos, deben realizar comicios internos y, que en el mismo cuerpo legal no se prescribe directrices sobre la propaganda en esa disputa interna, propia de cada partido, dirigida en su objetivo racional, a captar el voto entre sus correligionarios, lo cual es válido al tenor del mandato jurisprudencial de celebrar “primarias”, procedente de la Sala de lo Constitucional.

Siendo las elecciones internas una práctica democrática nueva, sin duda muy positiva, mal hace el TSE al restringir excesivamente la propaganda. Más aún, sostenemos que utilizando el criterio de ponderación entre uno y otro proceso, el TSE ante el vacío normativo sobre las “primarias”, debería integrar el Derecho, normando en debida forma las campañas de promoción interna y dotándolas de contenido con criterio diferenciador.

Nos oponemos a esta resolución en defensa de la democracia en la toma de decisiones dentro de un partido, por constituir una censura previa a una conducta lícita, lo que está prohibido expresamente en el art. 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el art. 6 inc. 1° Cn.

Sugerimos que la restricción del TSE a esta actividad intrapartidaria, contemple en su regulación los parámetros siguientes:

  1. Ser previa, precisa y claramente definida en la ley.
  2. Orientarse al logro de objetivos fundamentales, como son el respeto al derecho constitucional a la opción política presidencial y regular la protección del orden social, vale decir, prevenir abusos.
  3. Ser necesaria, proporcionada e idónea, para el logro de los fines democráticos del Estado Constitucional.

La resolución tajante del TSE ha ignorado los criterios de proporcionalidad en la prohibición a los medios de prensa por tener un sentido absoluto, lo cual implica censura previa, sin que haya justificado sus alcances negativos respecto a la libertad de expresión.

La medida cautelar carece de racionalidad, ya que no permite a los precandidatos el uso de medios de comunicación pública para llegar a los afiliados de su partido.

Además, la medida cautelar contraría la transparencia, el derecho individual a la información pública para el ejercicio del sufragio pasivo de los precandidatos y coarta los derechos políticos colectivos de la ciudadanía de conocer la verdad.

Debemos ser firmes en la defensa del Estado de Derecho, mediante la salvaguarda del respeto de los derechos constitucionales, de la gestión de los partidos políticos y del rol de los medios de comunicación.

El IIDC se aferra a la firme impronta de la lucha por la consolidación del constitucionalismo democrático y exhorta al TSE a modular sus instrucciones cuestionadas.




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