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Editorial & Opinion

La regulación de los conflictos de intereses

Jaime Mauricio Campos Pérez / Abogado.Twitter: @jaimecamppos

martes 20, junio 2017 - 12:00 am

En un contexto de deslegitimación del mundo público, crisis de confianza ciudadana y un límite difuso entre los sectores público y privado, el riesgo que ocurran conflictos de intereses es cada vez mayor.

De acuerdo con la Ley de Ética Gubernamental, los conflictos de intereses son aquellas situaciones en que el interés personal del servidor público o sus parientes entran en pugna con el interés público. En definitiva, se trata de evitar que los intereses privados (personal, familiar o negocios) de un funcionario o autoridad influyan indebidamente en la toma de decisiones o en sus responsabilidades de carácter público, y con ello se cumpla el principio de “supremacía”, en el que se antepone siempre el interés público sobre el privado.

Para evitar los conflictos de intereses y prevenir la corrupción existen diferentes mecanismos aplicados en otros países, entre los que destacan la creación de un sistema de inhabilidades y restricciones en el sector público; la obligación de presentar y publicar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses; la aprobación de códigos de ética y de todo un régimen de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, bajo procedimientos e instituciones que garantizan y fiscalizan su cumplimiento.

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Nuestra Ley de Ética Gubernamental regula el deber de abstención cuando prevé que los servidores públicos deben excusarse de intervenir o participar en asuntos en los que tengan algún conflicto de interés. Además, prohíbe a los ex servidores públicos laborar para un privado con el cual la institución en la que se desempeñaba haya efectuado contratos de obras, bienes o servicios, durante el año siguiente al cese de sus funciones; sin embargo, esta prohibición solo le alcanza si hubiera participado “directamente” en el proceso de contratación y durante “el año previo” al cese de sus funciones.

Al fenómeno de circular del sector público al privado se le conoce como “puerta giratoria” y del sector privado al público, como “puerta giratoria al revés”, y es una práctica que debe regularse para evitar que la conducta de un funcionario se desvíe con tal de verse favorecido él, sus familiares o sus socios.


En Brasil, por ejemplo, se le denomina “período de cuarentena” al tiempo en el que un ex funcionario, normalmente del más alto rango, después de finalizado su cargo no puede prestar sus servicios profesionales a una entidad privada con la que mantuvo relación durante su gestión. Esta prohibición es compensada con el derecho que tiene a percibir un porcentaje de su remuneración anterior.

Lo cierto es que más allá de cualquier regulación en particular, en nuestro país debe iniciarse un serio debate sobre los alcances de este fenómeno, volviendo la mirada a la probidad de la función pública y replicar, en la medida más adecuada, los estándares internacionales y buenas prácticas que se tienen en esta materia.

En México, la iniciativa ciudadana #3de3 (tres de tres) promueve que los funcionarios presenten y hagan públicas tres declaraciones: la de patrimonio, de intereses y la fiscal (solvencia o comprobante del pago de sus impuestos).

La publicidad de las declaraciones de intereses económicos o financieros permite identificar cuáles son las actividades, negocios, participaciones o relaciones profesionales que tienen los funcionarios y que podrían interferir indebidamente en el ejercicio de su cargo.

Las organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores, tienen un enorme reto para impulsar que se legisle sobre la declaración de intereses y denunciar aquellos casos en los que se privilegie el interés personal sobre el interés público.




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