El Sistema de Ahorro de Pensiones está sumido en una trampa. La inmensa mayoría de fondos se invierten en Certificados de Inversión Previsionales (CIP), se compran al Estado y su tasa de interés es sumamente baja.

Por eso un grupo de cotizantes demandó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por el pobre rédito de sus pensiones. La Sala ordenó entonces a la Asamblea Legislativa el establecimiento de un nuevo mecanismo para calcular la rentabilidad que los cotizantes perciben cuando se compran los CIP.

En diciembre, la Sala declaró inconstitucional el uso de la London Interbank Offered Rate (Libor) a 180 días para establecer la tasa de interés que paga el Estado por los CIP, cuya compra es obligatoria para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).  Esto ha llevado a los cotizantes a obtener una baja rentabilidad, amenazando las pensiones que recibirán al término de su vida laboral.

La Sala mandó a la Asamblea a establecer una nueva tasa, estableciendo un plazo que pese a estar cerca de vencerse, aún no se discute.

Éste debe ser un tema prioritario para los legisladores y sacar una propuesta financiera y técnicamente viable para el beneficio de los trabajadores que cotizan con la esperanza de una pensión que les dé un retiro digno.