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La semana recién pasada, en una resolución inesperada, histórica y esperanzadora, la casi totalidad de los magistrados que integran el plenario de la Corte Suprema de Justicia —14 de 15 miembros para ser específicos— hizo posible lo que hace apenas algunos años parecía imposible: iniciar el proceso, por presunto enriquecimiento ilícito, contra un diputado que no ha conseguido justificar las abultadas incongruencias que surgen al confrontar sus declaraciones de patrimonio.

El asunto cobra mayor importancia en la medida en que abre las puertas a numerosas posibilidades de reacción institucional frente a quienes podrían estar lucrando indebidamente en el ejercicio de sus responsabilidades públicas. A decir verdad, si el precedente se consolida, nada volvería a ser igual a partir de esta resolución; estaríamos siendo testigos del establecimiento de una especie de parteaguas en la lucha contra la corrupción en nuestro país.

¿Cómo llegamos a esta feliz circunstancia? Sin lugar a dudas, los avances que en materia de acceso a la información pública se han ido verificando en El Salvador, incluso a despecho de ciertos círculos de poder político, hoy empiezan a dar frutos más sazonados. Las investigaciones periodísticas cuentan ahora con una herramienta de la que echar mano cuando los canales ordinarios se cierran, mientras que los ciudadanos estamos comenzando a adquirir conciencia del rol fiscalizador que la democracia nos franquea.

Antes, con solo evitar ofrecer declaraciones por un tiempo “prudencial”, los corruptos podían capear el temporal y volver a sus andadas con total impunidad. La situación es hoy distinta. La opinión pública ya no se conforma con ambigüedades; los órganos contralores reciben una presión ciudadana inédita, hambrienta de acciones y firmeza; la partidocracia ha visto socavadas las columnas del sistema que le permitía sobrevivir sin mayores vínculos con los electores. El escenario, en fin, ha dejado de ser el que era hace una década, por mucho que algunos actores pretendan resucitar los polvorientos libretos que mantenían a su público embobado.

Una declaración de probidad que se quedaba dormida en la gaveta de un magistrado puesto en su cargo por afinidades políticas era susceptible de cualquier cosa, menos de ser un efectivo instrumento de probidad pública. Sin embargo, con la entrada en vigencia de una ley que defiende el derecho de los salvadoreños a conocer con qué patrimonio entran y salen sus funcionarios, las opciones de escape que antes se permitían los deshonestos empiezan a desmantelarse. ARENA hizo poco por consolidar estos marcos legales cuando tuvo ocasión de hacerlo, y los gobiernos del FMLN se han visto obligados a aceptarlos después de protagonizar bochornosas maniobras para detenerlos o restarles efectividad.

Con su loable resolución del 6 de octubre, la Corte Plena ha demostrado disponer de la voluntad necesaria para darle sentido a la existencia de una ley que llevaba 56 años sin probarse. Adicionalmente, con el espaldarazo que la ciudadanía honrada está dando a este precedente, las iniciativas encaminadas a fortalecer la institucionalidad que combate la corrupción tendrían mayores oportunidades de prosperar.

Para el caso, como bien mencionaba Jaime Ramírez Ortega en reciente artículo, el anteproyecto de Ley de Probidad Pública impulsado por la sociedad civil debería granjearse el apoyo de más sectores preocupados por la integridad de nuestros funcionarios. Y es clave que este compromiso de los salvadoreños en la búsqueda de mecanismos más efectivos de control tenga a la base un criterio moral y patriótico, por encima de filias y fobias partidarias o ideológicas.

Los actos de corrupción, a fin de cuentas, le hacen tanto daño al país y a sus instituciones democráticas, que todo ciudadano debería sumar su voz a la exigencia de una administración pública libre de funcionarios indignos de nuestra confianza. Ojalá podamos ver esta clase de unidad en el futuro cercano.

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