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Benjamin-Cuellar

Benjamín Cuéllar es uno de los demandantes contra la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, y contra la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Asegura que son 32 casos que deben investigarse, porque en el acuerdo de Chapultepec se reconoce la necesidad de “superar todo señalamiento de impunidad”.

Luego de derogada la amnistía general, ¿con cuáles casos iniciaría usted si fuera fiscal salvadoreño?

Con los 32 que aparecen publicados en el informe de la Comisión de la Verdad, porque esta entidad los consideró casos emblemáticos. En éstos se establecen responsabilidades de ambos bandos y se individualizan las mismas, señalando autorías mediatas e inmediatas. Hay investigaciones realizadas y archivos documentales que las apoyan. Políticamente se tendría el respaldo de lo acordado por las partes firmantes del acuerdo de Chapultepec, cuando se comprometieron a remitirlos a los tribunales de justicia para que ésta fuera impartida ejemplarmente.

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¿Se puede volver esta derogatoria en cacería de brujas?

No, a menos que los perpetradores se consideren “brujas”. Y que yo sepa, fueron éstos quienes “cazaron” a sus víctimas de antes y durante la guerra para ser detenidas ilegalmente y desaparecidas forzadamente, para torturarlas, para ejecutarlas sumariamente y para masacrarlas en grupos numerosos. Esta declaratoria de inconstitucionalidad de la amnistía puede y debe volverse un “revulsivo” para el sistema de justicia interna haciéndolo funcionar sin distinguir quién es la víctima y quién es el victimario.

¿Cuál es el objetivo suyo como defensor de derechos humanos, es ver presos a los autores intelectuales y materiales de ambos bandos?

No necesariamente. Existen varias posibilidades. Una es que, respetando el debido proceso y todas las garantías judiciales, se obtuviera una condena y las víctimas decidieran –después de haber conocido la verdad y obtener justicia– perdonar desde su generosidad y, para ello, activar la figura del indulto; eso solicitó la UCA con los dos militares que fueron a prisión en 1991. Otra sería que el Estado organizara y promoviera formas de justicia restaurativa; por ejemplo, creando espacios en los cuales víctimas y victimarios se encuentren para que las primeras escuchen lo ocurrido a sus familiares de boca de los segundos y que además les pidan perdón, de frente y mirándolas a los ojos. También, desarrollando iniciativas para establecer el paradero de personas desaparecidas y su búsqueda hasta encontrarlas.

En el caso jesuitas, ¿qué procedería con los autores materiales juzgados que salieron a causa de la amnistía?

Julia Elba y Celina Ramos, también masacradas junto a los sacerdotes, no eran jesuitas. De ser investigados en serio y procesados sin fraude, con seguridad alegarían ”doble juzgamiento”. Para opinar al respecto, debería yo conocer la sentencia completa de la Sala de lo Constitucional y ello, hasta el momento, no se ha dado.

¿Qué procede con los intelectuales que se mencionan en demandas?

Hay que investigar y establecer responsabilidades a todo nivel, tanto materiales como intelectuales, para proceder como manda la ley.

Cuando los señalados ya murieron, como en el caso de Roberto d’Aubuisson, ¿qué se debe hacer?

Con la muerte de un imputado, se extingue la acción penal; pero si se investigan como es debido los crímenes, se estaría esclareciendo la verdad y derrotando las otras caras de la impunidad: la histórica, la moral y la política.

¿Procede una difusión roja contra Álvaro Saravia y otros mencionados como Joaquín Villalobos por el caso de los alcaldes?

Solo que un juez en el ámbito de la jurisdicción universal las solicite. Para ello habría que presentar las respectivas denuncias en los tribunales correspondientes y que las mismas fueran admitidas, para su posterior elevación a juicio. Solo así procederían.

¿Se debe investigar a personas que ocupan cargos públicos o políticos actualmente como Jorge Meléndez, Ana Guadalupe Martínez y la comandancia general del FMLN?

Claro que sí. Eso fue lo que acordaron sus organizaciones agrupadas en el FMLN guerrillero y el Gobierno de la época en manos de ARENA. Según una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad que no se cumplieron, estas personas y otras que fueron militares en uno u otro bando durante la guerra y aparecieron señaladas como responsables en el mencionado informe, debieron haber sido inhabilitadas políticamente de por vida. Pero, independientemente de ese desacato de ambas partes, la sentencia de inconstitucionalidad entendería yo que no hace distinciones de ningún tipo entre los imputados que deberán ser investigados y procesados.

¿El país se va desestabilizar?

Es estable un país donde sus juventudes tienen que dejar de estudiar por causa de la violencia criminal que las acecha; juventudes cuyo destino es o el destierro, o el encierro, o el entierro. Es estable un país que tiene como embajador importante por la delegación diplomática en la que se encuentra y luego de ser investigado por un delito grave del cual lo acusa la FGR, se vuelve “nini”: ni siquiera es sometido a un antejuicio ni destituido. Pienso que no. Y si no es estable hoy El Salvador, lo que podría ocurrir para bien es que el combate y la derrota de la impunidad lo estabilice. Porque es  la impunidad la que está a la base de todos sus males: corrupción, inseguridad, violencia, desplazamiento forzado de su población que huye y abandona por siempre sus hogares…

¿Cree usted que la sentencia contra la amnistía general ha sido la alternativa, para no extraditar a los militares en el caso jesuitas?

Tendría que haber leído íntegra la sentencia. Pero si así fuera y se juzgaran en serio acá, sería mejor porque funcionarían las instituciones como en cualquier país normal, decente…

 

 

 

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