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La característica esencial de la República es la separación de poderes, que debe entenderse y ejercerse sin afectar la unidad del poder; por ese mecanismo, el Estado, depositario de la soberanía nacional, distribuye el poder en tres instancias u órganos fundamentales que realizan las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Las atribuciones de los Poderes son indelegables, pero tienen la obligación de colaborar entre sí en el ejercicio de esas funciones. (Art. 86 Cn.) .

En la brevedad y aparente contradicción de este concepto se encuentra, no sólo una técnica en el ejercicio del poder (separación), sino la necesidad lógica de entenderlo como unidad, expresado en aquella frase revolucionaria “el poder es uno”,  y cuyas partes deben sobrevivir mediante una mutua y necesaria cooperación.

La doctrina que comprende y explica esta idea ha tenido que mostrar y convencer, que el poder es indivisible, y que la separación es meramente funcional; sin embargo, la mayoría de los conflictos intra e inter órganos, se derivan de la pretensión humana del mayor control del poder, o sea, la tendencia de renunciar a la República y volver a las ideas y prácticas de la monarquía absoluta en sus distintas manifestaciones, con la excepción de las monarquías constitucionales del presente, que han renunciado al absolutismo.

Debe entenderse, como sostiene German Bidart Campos,  que el uso concurrente o común de las funciones, haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los altos poderes públicos y destruiría la base de la forma de gobierno republicana.

La historia registra esta conflictividad estatal en diversos grados y matices. Detrás de los poderes formales han estado y están los poderes reales, que Ferdinando Lassalle, ha denominado factores reales de poder; éstos, de acuerdo a sus intereses, han impulsado distintas formas de gobierno: presidencialistas, de asamblea o de los jueces. Las luchas sociales han logrado, a partir del Siglo XX, el desarrollo y perfeccionamiento del Estado constitucional, caracterizado por la eficacia normativa directa de la Constitución, la supremacía constitucional y los tribunales constitucionales. El control del poder se manifiesta actualmente de un modo racional y tolerable, en contraste con el absolutismo.

El Estado constitucional que ahora conocemos, se desarrolla y evoluciona a partir de los siglos XVII y XVIII y los precedentes más conocidos e influyentes en el mundo occidental, se encuentran en las revoluciones inglesa, que culmina en 1688, francesa de 1789 y en la independencia de los EE.UU., en 1776.

El Estado constitucional se caracteriza por tener como fundamento y marco una Constitución, o sea, una norma superior que organiza y supraordena; aunque ello desde luego no basta, pues en muchos Estados tras la Constitución se esconde un gobierno autocrático y anticonstitucional, vale decir la Constitución semántica, según la clasificación de Löwenstein.

Es semántica la Constitución del Estado cuando la realidad es totalmente distinta a los enunciados formales. En un Estado constitucional, democrático y de derecho, o Estado constitucional, sin más agregados, como lo explica y sustenta Peter Haberle, la aspiración del Estado es alcanzar y defender valores superiores, tales son la libertad y la igualdad. Ello requiere que haya separación de poderes y respeto a los derechos fundamentales.

Por el contrario, esta justa aspiración es negada por Fredrick von Hayek y sus seguidores, quienes privilegian el mercado entre sus postulados básicos. Argumentan que existe una contradicción en los fundamentos del Estado social que lo hacen especialmente inestable. Los postulados de la libertad y la igualdad, son dos conceptos irreconciliables y, en su opinión, la tensión originada debería resolverse en favor de la libertad, pues las tendencias igualitarias destruyen el sistema económico de mercado y, además, conducen inexorablemente al autoritarismo, a la pérdida de la democracia. Y ha conducido a la pérdida de la libertad del individuo, que es la piedra angular sobre la que se sustenta todo el orden social.

Sin embargo, en el Estado Social y Democrático de Derecho, la forma republicana de gobierno tiene como fundamento la distribución del poder, o sea, que cuando coexisten varios órganos de gobierno, la separación entre éstos es un elemento central para controlar, frenar y ejercer el poder, asegurando la libertad, sustentada y justificada en la igualdad.

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