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Editorial & Opinion

La teoría de la justicia imparcial

Aldo Álvarez / Abogado y catedrático

sábado 14, julio 2018 - 12:00 am

Uno de los pilares fundamentales de una democracia es la existencia de una verdadera Justicia imparcial, más que independiente –pues siempre habrá una adhesión o pertenencia a una escuela de pensamiento jurídico político determinada– y más que “despartidizada”. ¿Pero qué entendemos por Justicia imparcial? Quizá debemos comenzar diciendo –haciendo acopio de lo señalado por John Rawls en su “Teoría de La Justicia”– que se entiende por ella a una “concepción normativa de la justicia social” que es descrita y sustentada con base en “principios de justicia” que son elegidos por ciudadanos libres e iguales de forma consensual y deliberativa, y cuyo objeto principal es la “estructura básica de la sociedad”. Su punto de partida es la consideración de la sociedad como un “sistema equitativo de cooperación” que, al realizarse plenamente como ideal, conduce a una “sociedad democrática bien ordenada”, y que se justifica públicamente toda vez que los términos de cooperación son elegidos por las partes como representantes de los ciudadanos en “posición original”, y además las personas que participan en la cooperación son “ciudadanos libres e iguales” dotados en condiciones normales de un sentido efectivo de la justicia, a la vez hay un “equilibrio reflexivo” entre la concepción de justicia política a la que conduce su desarrollo y las convicciones razonadas sobre justicia política de los ciudadanos a todos los niveles de generalidad, y teniendo presente el hecho de un pluralismo razonable, se da un “consenso traslapado de doctrinas comprensivas razonables”.

El propósito básico de tal concepción normativa no es otro que el de proporcionar una base filosófica y moral aceptable para las instituciones democráticas y afrontar así la cuestión de cómo han de entenderse las demandas de la libertad y la igualdad. Para lograr esto partimos de ideas familiares arraigadas en la cultura política pública de las sociedades democráticas con el objeto de encontrar puntos de referencia de los que se pudieran desprender una concepción política de la justicia. Aunque este punto de partida suscite una notable cercanía con el sentido común de la vida cotidiana de los ciudadanos en contextos democráticos, dichas ideas familiares no implican que la argumentación referida a la “justicia como imparcialidad” las tome a priori como bases inamovibles y substanciales.

Para que una teoría normativa de la justicia tenga éxito, no le basta sólo con demostrar cómo sus ideas fundamentales se organizan en una visión coherente. Además necesita justificar públicamente por qué tales ideas fundantes y organizadoras de la sociedad son las más adecuadas según los contextos democráticos. Ciertamente, la idea de sociedad democrática como “sistema equitativo de cooperación” que conduce a la idea de una “sociedad bien ordenada”, la idea de “estructura básica de la sociedad” y de los “principios de la justicia” como los términos de cooperación más adecuados que la regulan, la idea de “posición original” y de las partes tras el velo de la ignorancia como representantes de “los ciudadanos libres e iguales” ninguna de ellas puede quedar justificada por su propia razonabilidad intrínseca. De lo contrario, ello significaría la aceptación de juicios y convicciones como razonables sin la necesidad de derivarlos o de basarlos en otros juicios y muy seguramente, sin tener presente el carácter determinante del “CONTEXTO”.

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El pluralismo razonable entonces, puede verse en contraposición con un pluralismo simple en el que la diversidad doctrinal se ve como consecuencia de los intereses personales o de clase, o de la tendencia a ver el mundo político desde una perspectiva limitada como parte del trabajo de la razón práctica en condiciones sociales e institucionales de libertad. Pero mantener la profesión continua y compartida de una sola doctrina comprensiva, religiosa, filosófica o moral, sólo es posible mediante el uso opresivo del poder del Estado –llamado también el “Hecho de la opresión”–. Un uso del poder político de este talante generalmente está acompañado de vejámenes, crímenes oficiales, corrupción, brutalidades y crueldades, acciones que intentan ser excusadas bajo la necesidad de mantener unidad y estabilidad de la comunidad política. Quizá uno de los mejores ejemplos que ofrece la historia es la Inquisición en la sociedad medieval, como mecanismo de supresión de la herejía que se hacía necesario para preservar las creencias religiosas compartidas de la fe católica, y hoy día también el uso abusivo del poder fáctico para suprimir la pluralidad del pensamiento político con tal de mantener un estado de cosas “compartidas por la mayoría de la sociedad”, aunque ello sea la mentira más grande del mundo ¿Ha existido de parte del Supremo en nuestro país una total y absoluta Justicia Imparcial en todo tiempo y acción? Esa evaluación la dejo a mis lectores…




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