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Desde la suscripción de los Acuerdos de Paz el debate público estuvo más cargado y sobredimensionado en los temas de agenda política, reglas democráticas y creación, funcionamiento y marco legal de las nuevas y viejas instituciones; esto, posiblemente, por el rezago acumulado de falta de vida democrática en el país. Paralelamente los grupos de poder económico tenían ya trazado su discreto rumbo económico neoliberal del país, a su propia medida e intereses, de esta manera como hiedras surgían normativas que devoraban los recursos públicos, uno de ellos muestra sus fauces 72 meses después de la paz: la privatización del sistema de pensiones, en 1998 y 36 meses después, con todo y terremotos se nos impuso la dolarización, bajando sensiblemente la rentabilidad de los fondos del nuevo sistema de pensiones del 13 % a apenas el 6 %.

Con la reforma de 1998 pasamos de un sistema de pensiones de reparto a uno de capitalización sin el diseño de una correcta y adecuada ruta que permitiera corregir los desajustes. Se privatizaron las ganancias, pagando sus costos los salvadoreños; las AFP se quedaron con la sangre fresca, los cotizantes menores de 36 años y los nuevos cotizantes que ingresaran y por ende con una enorme expectativa de contribución. El sistema público quedó responsable del escalón superior de edad, con menos posibilidad de aporte a un fondo de pensión y con la consiguiente carga inmediata de jubilación; además, con solo $338 millones en reservas para enfrentarlo y con la obligación de asumir los complementos de las pensiones.

La división etaria generó una relación distorsionada para el ISSS e INPEP, en la que por cada cotizante hay diez jubilados a sostener, en cambio a las AFP diez cotizantes por un jubilado. El sistema mientras aseguraba jugosas ganancias a las administradoras de fondos de pensión, estaba marcado para generar crisis en el Estado: de los más de $6,714 millones de aportes de los trabajadores desde la privatización del sistema las AFP se quedaron con el 21 %; es decir, más de $1,402 millones entre manejo administrativo, seguros –con prácticas anticompetitivas sancionadas al manipular las ofertas y repartirse las licitaciones públicas según resolución de la Superintendencia de Competencia de este año- y sus propias ganancias que suman más de $250 millones. En cambio el Estado ha “echado el hombro” a la deuda previsional de más de $7,500 millones para pagar y beneficiar a un selecto grupo privado que resultó beneficiado a la medida por la reforma; en detrimento de la cobertura de otros programas sociales de sensible y generalizado interés de la población.

Hay distintos estudios que señalan que de la población económicamente activa en el país solo entre el 21.9 % y el 25 % cotiza a alguno de los sistemas de pensiones; de éstos solo el 45 % tendría oportunidad de una pensión completa, el resto apenas tendría derecho a un poco de ahorros y la gran mayoría, cerca del 75 % de los económicamente activos, a nada, ya sea por figurar en el sector informal o por laborar en contratos temporales que no tributan a pensiones. El problema se complica cuando sabemos que un 10 % de la población es mayor de 60 años, con ingresos menores del promedio nacional, sobre todo porque nuestro país avanza en los programas de salud y la expectativa media de vida es hoy de 77.1 años.

Cada año los salvadoreños debemos destinar alrededor de $155 millones para pagar parte de esa deuda de pensiones a privados, cantidad similar a lo que ya invertimos en los programas sociales para un millón 400 mil estudiantes en todo el país, por lo que refundar el sistema de pensiones es fundamental para soltar amarras al desarrollo y socialmente necesario en equidad y justicia para cumplir con el principio de ahorrar durante la vida para disfrutar de una pensión digna y suficiente en el futuro.

Este complejo tema debe resolverse antes que lo empantane el periodo preelectoral de 2017, esto exige un urgente diálogo y debate nacional inclusivo y suficientemente informado de todos los sectores y la ciudadanía, la inmensa mayoría podemos tener la oportunidad de arribar a la tercera edad, por lo tanto nos compete a todos. Es necesario retomar los diagnósticos existentes, suplir los vacíos de información y profundizar estudios a la brevedad, solo así habrá conciencia de elegir el mejor camino que asegure la sostenibilidad financiera y rentabilidad del modelo a decidir, asumiendo además una solución para nuestros adultos mayores con un mecanismo universal y solidario. Esto exigirá muchos sacrificios como sociedad y mucha voluntad para alcanzar consenso con respeto e inclusión.

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