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La tramitología se ha convertido en una intrincada red de idas y vueltas en la resolución de cualquier asunto en las oficinas de gobierno y de los municipios. Un ejemplo de esa asfixiante manía de llevar y traer papeles a montones para todo y sin nada positivo, lo experimenté en un  caso que me sucedió en cierto tribunal capitalino. En abril del año pasado, me notificaron que uno de mis defendidos cumpliría satisfactoriamente, a mediados de agosto, las dos terceras partes de la pena, lo cual abría la posibilidad de obtener los beneficios de la libertad condicional, contemplados en la Ley Penitenciaria. Posteriormente, hablé con miembros del Equipo Técnico Multidisciplinario del centro penal, quienes muy solícitos y amables me indicaron que hiciera la petición respectiva de un dictamen que evalúa el Consejo Criminológico respectivo. En cuanto al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, fui recibido por el juez, quien sabía de mi actividad en este respetable medio, lo cual me produjo mucha satisfacción, ya que ser “escribidor” de columnas en Diario El Mundo, es uno de los dones más preciados con que Dios me favoreció al enviarme a este planeta. Estábamos ya en junio y las dos terceras partes de mi cliente, se cumplirían, repito, hasta en agosto. Es decir, que aún contaba con tiempo suficiente, pero los días transcurrieron rápidamente, sin  tener ninguna noticia sobre mis gestiones a favor del detenido.

Fui de nuevo al tribunal de Vigilancia Penitenciaria y me informaron que desde mayo se había enviado el oficio solicitando el dictamen criminológico, pero que aún no lo habían recibido del Consejo respectivo. Me dirigí a dicho lugar y lo que observé me impactó de manera asombrosa: afuera del pequeño edificio, en la acera circundante, me encontré con largas y apretujadas filas de personas adultas de ambos géneros, incluso muchos niños de corta edad. La mayoría de pie, o algunos sentados en banquillos plásticos, centenares de familiares de reos, esperaban por horas, a la intemperie, soportando los rayos intensos del sol, para poder recibir “sus antecedentes penales”, a un costo de varios dólares cada constancia, aunque algunos me dijeron que llegaban para pedir hasta cuatro documentos de una sola vez. ¡Buenos ingresos fiscales que podrían destinarse al bono de los sufridos custodios, sin endeudar a la nación!

Fui recibido por unos miembros del Consejo aludido, a quienes hice entrega de un escrito (porque todo trámite es por escrito únicamente). Era ya el mes de septiembre. Después, vino otra larga espera silenciosa. Insistí en hablar de nuevo con alguien de dicho Consejo, me negaron audiencia “porque ya había una respuesta para mí”. En efecto, recibí una nota hasta en octubre, donde  leí textualmente que el  dictamen criminológico “se encontraba en estudio y que al finalizarlo, se enviaría al Juzgado”, sin especificar fecha. Molesto por esa informalidad, impropia de una entidad pública, acudí con otro escrito, esta vez  para el Director General de Centros Penales. Estábamos ya en  noviembre, o sea, tres meses de retraso. Esperé ocho días en el limbo y retorné a esa institución donde una empleada, después de buscar en su terminal me dijo: ”Vaya a preguntar de nuevo al mismo Consejo Criminológico”. ¡Ni que estuviera montado en un carrusel  chino!,  pensé al marcharme.

Escribo estas peripecias para demostrar la existencia persistente de una torpe tramitología institucional, misma que causa atrasos, tardanzas indebidas para resolver asuntos en forma pronta y eficaz; mantenemos un aparataje burocrático oxidado para el presente siglo, que provoca ingentes pérdidas económicas tanto al sector privado, como al Estado y los gobiernos municipales. Nos ahogan con mil papeles e instructivos engorrosos que deben presentarse triplicados, todo lo cual nos mantiene sumergidos en el subdesarrollo. En vez de facilitarse los asuntos, los vuelven difíciles. Nadie responde rápido y efectivamente. Tal pareciera que en el sector público la consigna diaria y perpetua es: ¡Qué viva la tramitología, a paso de buey manso!

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