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Editorial & Opinion

La tregua como política de estado

Rafael Domínguez / Periodista

Miércoles 9, Agosto 2017 - 12:00 am

Las políticas de Estado son generalmente y por su definición aquellas acciones que emprende un gobierno con un amplio nivel de apoyo o al menos de concordancia con la gran mayoría de los cuerpos políticos del país y se vuelven un tema de “todos” los ciudadanos en un momento determinado;  por ejemplo, una política de Estado fue sembrar café y convertir al país en un polo cafetero o convertirnos en un centro de logística en Centroamérica o los acuerdos de paz, firmados en 1992, etc…

La tregua, ya sea entre las pandillas o entre el gobierno y las pandillas o una mezcla de las dos cosas, fuere como fuere, se está tratando de defender dentro del concepto de política de Estado y dentro de este concepto de ser un tema de interés de “todos” y en el que “todos” pudieran haber participado; sin embargo, a la luz de los acontecimientos, está claro que la idea ni vino de “todos” ni tampoco funcionó para que “todos” la apoyaran; no hay que olvidar que una política de Estado no se revela por los medios periodísticos, sino se revela a consecuencia de su amplio debate social y de la presentación pública de los beneficios de la idea; y la tregua no tuvo eso, lo que tuvo fue un revelado forzoso, un origen mentiroso y falsas ideas que con el ir del tiempo se fueron tratando de colocar como verdades.

No olvidemos que el primer beneficio de la tregua a los mareros fue sacar a sus líderes de los penales de máxima seguridad y trasladarlos a reclusorios normales; cuando esto se reveló por medio de la prensa investigativa de El Faro, no hubo un documento o una declaración pública que tuviera el respaldo político de “todos” los sectores, en alusión a una política de Estado, sino mentiras, argumentos de un ataque detectado por la inteligencia, un clamor de la iglesia católica para reos por humanidad y hasta el argumento de 10 % de la pena cumplida se usó para justificar los traslados y beneficios.

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El Gobierno Funes, por medio del general Munguía Payés, desde un principio enfocó su atención en la necesidad de reducir los homicidios que para 2012 nos ubicaban como nación en las listas de popularidad mundial, por ser un país violento, y era sin duda un objetivo válido; pero lo que hizo sospechar de todo fue la promesa con la que el general asumía el cargo de ministro de Seguridad que era reducir en por lo menos un 30 % dichas cifras, coronó la sospecha el interés del ministro en ser candidato presidencial usando estas cifras como tarjeta de presentación; porque, efectivamente, lo logró; se dio por primera vez en hacía mucho tiempo, una reducción importante en los homicidios, pero que todo el mundo relacionó a simple vista como efecto de la tregua y así se tuvo al gobierno haciendo esfuerzos por validar sus argumentos y sus movidas, llamándolas hasta “milagrosas”, porque todo apuntaba a un fin de la violencia por efecto de la conversión de las pandillas.

Luego buscó apoyo internacional en la ONU y en la OEA como para darle ese tinte de política de Estado, o por lo menos de un Estado que aprovechaba la cifra para venderse mejor.

Está claro que negociar con criminales no es lo mismo que negociar con enemigos en una guerra o en una revolución política; criminales organizados en maras eran y siguen siendo otra cosa, por lo tanto nunca fue para “todos” un tema de nación y mucho menos un tema de política de Estado, porque los salvadoreños, en su mayoría, siempre dijeron estar contra el negocio de bajar los homicidios a cambio de beneficios para los pandilleros; el mismo Salvador Sánchez Cerén huyó de este tema y descalificó la tregua. Los resultados de estas acciones son ahora el problema de fortalecimiento y organización que han tenido estos grupos en los últimos días, dicho esto por el mismo Fiscal General que trata de investigar los hechos.

Es cierto que no hay ningún acusado por la tregua, son 18 acusados de violar leyes penitenciarias para facilitar los beneficios, pero la tregua no fue política de Estado y si lo fuere, tampoco la valida, como tampoco se puede validar el genocidio judío por una política del estado nazi, o se pudiera validar el robo de las pensiones por política de Estado; no todo lo que el Estado decide es bueno por ser Estado y aquí tenemos una buena muestra.




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