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Editorial & Opinion

La tregua y sus efectos

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

sábado 19, agosto 2017 - 12:00 am

Se ha dicho hasta la saciedad que la tregua como tal, no es un de-lito, como tampoco lo es reunirse con funcio-narios públicos, mediadores, partidos políticos, y miembros activos de las pandillas, para buscar soluciones en conjunto que conduzcan a crear espacios libres de violencia a través de una cultura de paz, dado que ello puede dar como fruto que se detengan los homicidios y las extorsiones que han llevado a que El Salvador sea considerado como un Estado fallido, donde el control territorial está en las manos de estos grupos criminales que aterrorizan a miles de familias salvadoreñas.

En consecuencia, todo esfuerzo legítimo que conlleve a la reducción de homicidios y a la baja de secuestros y desaparición de niños y jóvenes es positivo y debe de apoyarse por todos los sectores y fuerzas vivas del país; no obstante, desde que se gestó la tregua en el año 2012, todo lo hicieron mal, dado que se dio en un contexto de secretismo y esto fue así porque no deseaban que la población se enterara de todos los beneficios que recibirían ulteriormente  los pandilleros y sus familias; por lo tanto, la tregua no es delito, pero sí todas las acciones que permitió y autorizó el gobierno del FMLN, liderado en aquel entonces por el expresidente Funes.

Al proporcionar beneficios a las pandillas, el gobierno se volvió laxo, dado que entregó en manos de mediadores y personal institucional el protocolo de seguridad de los centros penitenciarios, incluyendo los de máxima seguridad; ante ello se pudieron haber cometido los delitos de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, falsedad ideológica, agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, delitos por los cuales están siendo procesadas algunas personas que, a mi juicio, solo son los mandos medios que recibían órdenes de sus superiores.

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Pero hasta un ciego pudo ver que en los centros penitenciarios todo era fiesta, donde los presos por delitos de extorsión y homicidios, pasaron a gozar de los beneficios gubernamentales, como: televisores con cable, visitas conyugales frecuentes, bacanales con prostitutas, acceso a teléfonos celulares y drogas de todo tipo, conexiones eléctricas para cargar sus celulares, cajas de pollo, excursiones  fuera de los centros penales para los cabecillas a diferentes lugares turísticos de El Salvador. Así mismo, los cabecillas que estaban recluidos en cárceles de máxima seguridad fueron trasladados a centros penitenciarios con menor seguridad.

Es decir, que la negociación de la tregua en la que se dieron múltiples beneficios a los pandilleros y que el gobierno sigue negando que tuvo participación, no se pudo haber logrado con la sola intervención de las pandillas rivales para bajar los homicidios como compromiso a los mediadores, ya que los traslados de pandilleros de un centro a otro, o el acceso de visitas conyugales frecuentes o teléfonos, no es posible si el gobierno no lo hubiera permitido y autorizado; por lo tanto, se negoció con criminales para que dejaran de matar, a cambio de fiestas  y traslados.


Y lo que es peor: “Nalo”, el testigo criteriado, confirma que las principales pandillas recibieron dinero del FMLN y ARENA, a cambio de votos para las elecciones presidenciales del 2014.  Esto significa que de ser ciertas estas declaraciones, estaríamos frente a funcionarios públicos que carecen de legitimidad para gobernar o dirigir la Asamblea Legislativa, dado que su elección estaría fundada sobre el fraude electoral, y cualquier ciudadano podría pedir la nulidad de esas votaciones ante la Sala de lo Constitucional, de no resolverlo de oficio el TSE.

Creo que el fondo de la tregua radica en la mentira y en la ocultación de beneficios que otorgó el Gobierno, pero su mayor gravedad estaría en que se cambiaron vidas humanas por votos, y el acceso ilimitado a los recursos que tuvieron las pandillas para poder armar un ejército y controlar de mejor manera el territorio, así que las personas que están siendo procesadas, no son los culpables, ya que ellos solo siguieron órdenes del exministro de seguridad y del expresidente Funes, y es ahí donde Fiscalía debe orientar la investigación; verdaderamente se desea hacer justicia, ya que el ministro de la Defensa, se está escudando y utilizando a la Fuerza Armada para intimidar a la Fiscalía.




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