Las asesorías y misiones oficiales en el sector público

No conozco ningún Estado en el que las instituciones y organismos que conforman su régimen político no contraten asesores; tampoco, ningún gobierno cuyos funcionarios permanezcan aislados y desconectados de la realidad del sistema internacional. Lamentablemente, en ambos aspectos la Asamblea Legislativa de nuestro país ha sido cuestionada, a veces de manera justificada y en otras ocasiones, por interés mediático.

De ahí que la decisión de la Diputada Presidenta, Lorena Peña, para que a partir del 1 de junio se conozcan los asesores que laboran en la Asamblea Legislativa, no solo es un buen signo de voluntad política y transparencia, también habla bien de su capacidad para ejercer control administrativo y concertación con todos los partidos políticos sobre la conveniencia de dar ese paso. En alguna medida, también refleja que los diputados han tomado conciencia que dicha apertura es un anhelo  esperado por la ciudadanía, que todavía resiente la opacidad que, en ese aspecto, mantuvo quien presidió dicho Órgano en el período anterior.

Ocurre que no solo en la Asamblea Legislativa hay asesores, ni tampoco solo los Diputados realizan misiones oficiales al exterior, muchas veces para asistir a importantes eventos de capacitación o a otras actividades relacionadas con el quehacer institucional o el fortalecimiento que deben tener los vínculos de cooperación e intercambio de información entre entidades homólogas, de lo cual el país no debe sustraerse.

También existe toda una gama de instituciones en el sector público que contrata asesores y cuyos funcionarios viajan – desde hace rato –  por todo el mundo, pero que pasan inadvertidos. En ese sentido, se debería  dirigir la mirada también a otros lados y examinar, por ejemplo,  los montos salariales que tienen asesores de otras entidades y los de aquellas que tienen la responsabilidad de fiscalizarlas, echándole un vistazo a los viajes que sus funcionarios han venido realizando durante la última década.

Seguramente, en el ciudadano común surgirían algunas interrogantes como: ¿Por qué, con todos esos conocimientos adquiridos, todo ello no se traduce en una labor excelente por parte de nuestros funcionarios públicos? ¿Por qué la mediocridad campea en la función pública, por donde quiera que se dirija la mirada?.

La institucionalidad democrática del país demanda con urgencia el establecimiento de estrictos controles para desterrar prácticas como el nepotismo, el compadrazgo y el amiguismo en la selección y contratación de personal en el sector público, que en el caso que nos ocupa, es decir, en cuanto a asesorías, terminan haciéndole un gran daño a las entidades. Nada más peligroso que en El Salvador sus instituciones sean dirigidas por individuos mediocres, peor aún, si se rodean de asesores salameros, que por no perder privilegios, carecen de valor para decirles a sus jefes lo equivocado de sus actos.

En cuanto al desempeño de misiones oficiales, deberían existir requisitos de obligatorio cumplimiento en todo el sector público como: 1) La evaluación estricta del concepto de la misión y la conveniencia institucional.  2) Verificar la idoneidad del participante. 3) Analizar la capacidad presupuestaria para costear viaje, alojamiento, manutención, viáticos y gastos terminales.  4) Evaluar la pertinencia de la misión. 4) Asegurar que los resultados esperados del  evento, capacitación, taller, seminario, foro o conferencia, se cumplan.  5) Verificar el provecho institucional 6) Cerciorarse del beneficio- país 7) Hacer obligatorio el respectivo efecto multiplicador. 8) Exigir la devolución al Estado del costo de la misión, en caso de graves irregularidades en que incurra el o los participantes.

Ni la contratación de asesores ni el desempeño de misiones oficiales deberían ser vistas como un gasto, sino como una inversión, aunque a veces intangible, como el caso de los conocimientos adquiridos, que se ponen de manifiesto en el desempeño diario del trabajo del funcionario.  De ahí la necesidad  que imperen criterios racionales, técnicos, éticos y profesionales, a la hora de contratar asesores o designar servidores públicos para el desempeño de una misión oficial.