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Editorial & Opinion

Las dos sentencias sobre el Folfo de Fonseca

Instituto Iberoamericano de Serecho Constitucional / Autor: Dr. José Luis Lovo Castelar

viernes 16, junio 2017 - 12:00 am

La sentencia pronunciada el 11 de septiembre de 1992 por una Sala Especial de la Corte Internacional de Justicia, en la controversia fronteriza entre las Repúblicas de El Salvador y Honduras, se refiere al Golfo de Fonseca como una bahía histórica con caracteres de mar cerrado, con tres Estados ribereños, y formula una interrogante en el párrafo 402, así: “la pregunta se presenta ahora sobre la situación legal de la sentencia de 1917”, refiriéndose a la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana del 9 de marzo de 1917, que dilucidó la controversia entre Nicaragua y El Salvador sobre el problema provocado por el Tratado Bryan-Chamorro, celebrado entre Nicaragua y los Estados Unidos de América.

En el mismo párrafo 402 la responde así: “la sentencia de 1917 es una decisión válida de una Corte competente”; y en el párrafo 403 agrega: “la existencia o no de res judicata que surge de un caso con dos partes no es útil en un caso que plantea la pregunta de una soberanía conjunta de tres Estados costeros”; y concluye: “Por tanto la posición es que la Sala debe tomar en cuenta la Sentencia de 1917 como una decisión relevante procedente de una Corte competente”. Esto es muy importante para nosotros, puesto que el artículo 84 de la Constitución salvadoreña de 1983 precisamente expresa que el régimen del Golfo de Fonseca está determinado por el derecho internacional y por la mencionada Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana. Habilita en lo internacional la posición de nuestra Carta Magna.

Consistente con el criterio vinculatorio de las dos sentencias, en el párrafo 409, dice: “No es fácil concebir una solución final satisfactoria sin la participación de los tres Estados juntos en la creación de un régimen adecuado”.

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De lo expuesto podemos concluir, con razón justificada, en lo siguiente: en la Sentencia de 1992 no se produjo una solución final satisfactoria del objeto del litigio, en cuanto a determinar el régimen legal del Golfo porque el proceso fue imperfecto, en vista de que sólo fueron parte El Salvador y Honduras, y no se pueden afectar los derechos territoriales soberanos de un tercer país, Nicaragua, como se hizo.

Eso  explica lo dubitativo y confuso de los “Considerandos” y del fallo mismo, tanto en lo que respecta a las aguas del Golfo y las islas, como a los espacios marítimos exteriores. La parte resolutiva sobre las aguas del Golfo de Fonseca, expresa (traducción del francés en los comentarios del Dr. Reynaldo Galindo Pohl):


“Por cuatro votos contra uno, la Sala adoptó las decisiones siguientes: La situación jurídica es como sigue: el Golfo de Fonseca es una bahía histórica cuyas aguas, sujetas hasta 1821 al control único de España y de 1821 a 1839 al de la República Federal de América Central, pasaron enseguida por vía de sucesión y fueron sometidas a la soberanía conjunta de la República de El Salvador, de la República de Honduras y de la República de Nicaragua, y continúan del mismo modo, como se define en la presente decisión, pero con exclusión de un cinturón, tal como está actualmente establecido, que se extiende a una distancia de 3 millas (1 legua marina) a partir del litoral de cada uno de tres Estados, el cual está sometido a la soberanía exclusiva del Estado ribereño, y bajo reserva de la delimitación entre Honduras y Nicaragua efectuada en junio de 1900 y de los derechos existentes de paso inofensivo a través de la cintura de 3 millas y de las aguas sometidas a la soberanía conjunta; los derechos sobre las aguas en la porción central de la línea de cierre del Golfo, es decir, entre un punto de esta línea situado a 3  millas (1 legua marina) de Punta Amapala y un punto de esta línea situado a 3 millas (1 legua marina) de Punta Cosigüina pertenecen conjuntamente a los tres Estados del Golfo, mientras no haya tenido efecto una delimitación de la zona marítima pertinente”.

El fallo de La Haya sería inejecutable y El Salvador podría válidamente sostener la incongruencia entre ambas sentencias.




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