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Foto: DEM

Recientemente Guatemala vivió un caso histórico en el que el expresidente, Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, se vieron obligados a renunciar a sus cargos luego que fueran señalados por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de liderar una banda de defraudación aduanera.

Phillip Chicola, politólogo y catedrático guatemalteco, habló ayer con medios de prensa del país sobre el papel que jugó la CICIG en Guatemala para combatir la corrupción al más alto nivel, y de la conveniencia que podría tener en El Salvador.

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DEM: Sorprendió la rapidez con que se desarrollaron los eventos en Guatemala, relacionados a la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina. ¿Cuál fue el génesis de esa crisis?

Se ha visto una degradación sistemática del sistema político y del sistema de partidos en Guatemala que está asociada a una serie de fenómenos. En los últimos años ha habido un crecimiento del crimen organizado y del narcotráfico en el país que empezaron a penetrar las instituciones, empezaron por seguridad, pero eventualmente llegaron a los partidos políticos financiando campañas.

Vimos en la última década que la mayoría de compras y contrataciones eran viciadas, que respondían a intereses de negocios de políticos, de ministros o grupos de seudo empresarios. Llegamos a un punto que esa corrupción empezó a generar un efecto de disfuncionalidad del sistema.

Entonces viene la CICIG y devela su primer caso de defraudación aduanera y vincula al secretario privado de la expresidenta, Roxana Baldetti, con la estructura. La ciudadanía vive un proceso de toma de conciencia nunca antes visto.

DEM: Pérez Molina alegó especie de “golpe suave” de Estados Unidos. ¿Hubo una conspiración política contra el gobierno?

Para nada. Aquí lo que estamos viendo es que la corrupción del gobierno de Pérez Molina no tuvo precedente.

DEM: ¿Cómo se logra que la Fiscalía y los tribunales funcionaran en este caso y no protegieran al presidente como era lo usual?

Yo creo que Thelma Aldana (la fiscal general) rápidamente se independizó de cualquier lealtad a Pérez Molina, creo que entendió, antes que toda la sociedad, las señales de cosas por venir, cuando toma contacto con CICIG y descubre que está trabajando casos de alto impacto de corrupción. No sé si por miedo o por convicción propia dice: “no, yo voy a apoyar la comisión”.

Ya con el sistema de justicia, aquí sí se ve una transición, porque en los primeros casos, cuando se destapa la red aduanera, el sistema de justicia trató de proteger a personajes cercanos a Pérez Molina, y viene la CICIG e identifica que había una magistrada que estaba traficando resoluciones a favor de acusados y se solicita un antejuicio, entonces los jueces entendieron que era, o “aquí nos montamos en la lucha contra la corrupción o también van a venir por mí”. También entra la presión de la ciudadanía.

LPG: Actualmente en el país hay un debate por instalar CICIG, algunos sectores dicen que es necesaria, sin embargo el gobierno dice que la institucionalidad del país funciona, ¿sería factible instalar una comisión?

Yo creo que sí, porque si no hubiera sido por CICIG lo que ocurrió en estos últimos seis meses no hubiera pasado, porque en gran medida si vemos que la Fiscalía respondió y que el sistema de justicia respondió, es porque había una institución supra nacional sin las vinculaciones políticas del resto que dijo: “aquí vamos a investigar casos de corrupción y a mí no me importa a quién vamos perseguir, voy a desarticular redes”.

Si quitamos a CICIG de la ecuación, eso nunca hubiera ocurrido, y están los ejemplos cómo era la vida de Guatemala antes de todos esos casos. Como el sistema ya se dio cuenta que no hay gente inalcanzable sino que la justicia le puede llegar a todo, hoy estamos viendo un fenómeno interesantísimo, y es que en la Fiscalía, hay una oficina específica que trabaja con la CICIG, pero hay fiscalías independientes, hoy nos damos cuenta que los fiscales de la unidad de corrupción de lavado de dinero, ellos por su propia cuenta investigan casos de alto impacto. Hasta hoy estamos viendo que los fiscales dijeron, “si ellos le llegaron a un presidente, a una vicepresidenta, yo por qué no le puedo llegar a un diputado, a un alcalde”.

La única forma cómo las instituciones funcionan, es cuando está ese poder internacional sin ataduras políticas empujando para que eso suceda.

Para el debate de El Salvador daría dos recomendaciones: cuando se revise, hay que perfilar muy bien qué casos puede conocer y cuáles no…CICIG tiene ocho años de trabajar en Guatemala, en gran medida el trabajo la CICIG está relacionada al trabajo de la persona que lo dirige.

DEM: ¿Qué pasará el día que se vaya la CICIG?

El gran trabajo que tiene que hacer la CICIG y nosotros los guatemaltecos es construir instituciones y que las instituciones puedan construir sobre el legado la CICIG. Si la CICIG se va hoy, yo creería que las redes de corrupción vuelven a capturar el Estado en un corto plazo, pero si se hace esfuerzo de reformar instituciones y de seguir las depuraciones de las redes de corrupción (no pasará), pero es un proceso que va a tomar por lo menos diez años, si se retira antes, yo tiendo a ser pesimista en la proyección porque creo que nos falta mucho.

DEM: Hay un dilema si esa CICIG debe ser pedida por la sociedad o partidos.

En Guatemala fue pedida por la sociedad. Un gobierno que era muy pro-empresarial fue el que recogió las demandas e hizo el trámite ante las Naciones Unidas. Después hubo un asunto legal, y es que ya si nos vamos a un purismo de derecho, es difícil diseñar una institución externa que venga a apoyar a la Fiscalía y que no sea inconstitucional, porque hasta cierto punto sí hay una sesión de soberanía. La salida que se hizo en Guatemala es que el acuerdo de creación de la CICIG es un acuerdo de derechos humanos, y en la legislación sí hay una cláusula constitucional que dice que los acuerdos de derechos humanos tienen primacía sobre el derecho interno.

 

 

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