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Editorial & Opinion

Las Pandillas en El Salvador: Insurgencia Criminal

Ricardo Sosa / Especialista en Seguridad

Lunes 17, Julio 2017 - 12:00 am

Nos encontramos a mediados de  julio del año 2017 en pleno desarrollo de lo que en mi opinión es la cuarta generación de las pandillas en El Salvador: su vida política; no hay medio de comunicación, entrevista radial o televisiva, medios impresos y digitales, donde no se mencione la palabra “pandillas”, aunque el tema no sea de seguridad, esta etapa inició previo a la campaña presidencial del año 2009, en donde se incrementaron y existe evidencia de conversaciones, diálogo y acercamientos con dirigentes de institutos políticos de todos los colores, para luego en los años subsiguientes posicionarlos mediáticamente para generar en la juventud una idea de nuevos referentes e iconos de éxito y poder.

Hablar de pandillas en la actualidad es sinónimo de: homicidios, extorsión, masacres, asesinatos con lujo de barbarie, control de territorios, desplazamientos forzados internos, migración en especial de jóvenes amenazados de muerte, narco menudeo, trata de personas, lavado de dinero, terror, violaciones, desaparecidos, entre otras actividades criminales. Se han convertido desde hace años en grupos armados no estatales, verdaderas sociedades criminales corporativas con  operaciones, membresía  y  presencia transnacional.

Fue precisamente el control del territorio y su expansión la que les ha favorecido para sus mutaciones y convertirse en “Insurgencia Criminal” representando una grave amenaza al Estado salvadoreño al generar inestabilidad,  entre las  evidencias están:

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1) El Estado no controla todo el territorio

2) Se ha dañado la legitimidad

3) Se está atentando contra la Soberanía Nacional y la integridad de su territorio.

La Insurgencia Criminal no pretende derrocar gobiernos, sino establecer una lucha altamente violenta contra el Estado para obtener autonomía y beneficiarse económicamente de sus actividades criminales en total impunidad, librándose de todo tipo de control. Constituyendo un mini estado paralelo con sistema de gobierno, control, economía y recaudación que de no cumplirse se paga con la muerte, y en donde las reglas para los habitantes de esos territorios son sencillas y claras: obedecer, ver, oír y callar.

El haberles otorgado centros penales exclusivos les facilitó su mutación y organización. Pero siguen atentando contra el monopolio del uso de la fuerza.

Para dar un tratamiento adecuado en cuanto al enfoque de control y represión del delito para mentes criminales y redes del mal, se requiere alta planificación estratégica para que el Estado y sus instituciones sean flexibles y se adapten; de lo contrario los criminales siempre estarán adaptándose y sobreponiéndose porque trabajan más rápido que el Estado salvadoreño.

Si en El Salvador han sido declarados “terroristas” se debe ser congruente con dicha resolución con las estrategias, planes, medidas, políticas, para combatir el “terrorismo” no como pandillas juveniles o personas rebeldes.

Su combate entonces implica adoptar un enfoque militarizado, liderado por supuesto por la Fuerza Armada, sus oficiales estudian cuatro años a tiempo completo para alcanzar su primer grado como subteniente y luego continúan estudiando, especializándose, aprobando cursos  de ascenso, intercambios con instituciones de Seguridad y Defensa, entre otros, ya que la problemática actual    ha sobrepasado  un problema de seguridad pública, controlando gran parte del territorio nacional, dañando la legitimidad y por consiguiente la Soberanía Nacional y la integridad del territorio; este abordaje tiene el respaldo en la Constitución de la República en el capítulo VIII artículos 212 y 213 como también en el artículo 168 numerales 2do., 3do., 11do., 12do., 13do. y 19do. basado en tácticas propias de un conflicto de baja intensidad, descartando el empleo de herramientas convencionales, pero que se deben de considerar, evaluar y asumir en beneficio de la sociedad salvadoreña sus derechos y garantías, y de su soberanía, artículos 1 y 2 de la Constitución.

El Gobierno debe advertir que la Constitución no prohíbe el combate eficaz a la criminalidad organizada y terrorismo, ni mucho menos la Sala de lo Constitucional.  Durante los últimos cuatro gobiernos (1 de Junio 1999 al 10 de Julio 2017) se registran más de 62,500 homicidios, y el sometimiento de  ciudadanos a estas estructuras.

Señor Presidente la Constitución le brinda una respuesta, considérela.




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