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El 30 de enero de 1992, 15 días después de firmados los Acuerdos de Paz, se ratificaron por Decreto Legislativo 152, las reformas constitucionales referentes a la Fuerza Armada, los jefes de la seguridad pública y el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

El meollo de lo acordado por las partes en el conflicto, para finalizar la guerra, implicaba, por un lado, el desmantelamiento del aparato militar de la guerrilla y su desmovilización, y, por el otro, circunscribir la misión de la Fuerza Armada al ámbito de la seguridad externa y el desmantelamiento de los cuerpos de seguridad y fuerzas especiales, así como la depuración de sus  filas de miembros señalados de acciones reprochables.

Se procedió, en primer lugar, a especificar las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República en cuanto a la Fuerza Armada, en el artículo 168 Cn ordinales 11° y 12°, pues a éste correspondería su organización y conducción, y además, “Disponer de la Fuerza Armada para la defensa de la soberanía del Estado, de la integridad de su territorio.

Excepcionalmente si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el  Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin. La actuación de la Fuerza Armada se limitará al tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario para el restablecimiento del orden y cesará tan pronto se haya alcanzado ese cometido. El Presidente de la República mantendrá informada a la Asamblea Legislativa, la cual podrá, en cualquier momento, disponer el cese de tales medidas  excepcionales…”; c) en el ordinal 19° se consignó como atribución presidencial lo relativo a la fijación anual de un número razonable de efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. En el mismo Decreto 152 se incluyó su facultad de organizar y conducir al Organismo de Inteligencia del Estado y en el ordinal 20° las  demás atribuciones legales del Presidente.

En segundo lugar, en el capítulo VIII de la Constitución, cuyo epígrafe se titula: “Fuerza Armada”, fueron reformados los artículos 211, 212, 213, 216 y 217 en los siguientes conceptos: a) su misión es la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, en tanto se definió como institución permanente al servicio de la Nación, y su caracterización de obediente, profesional, apolítica y no deliberante; b) la posibilidad de colaborar en obras de beneficio público que le encomiende el Órgano Ejecutivo y el auxilio a la población en casos de desastre nacional; c) la subordinación a la autoridad del Presidente de la República, en su calidad de Comandante General. La estructura, régimen jurídico, doctrina, composición y funcionamiento se sujetaron a la ley secundaria, los reglamentos y las disposiciones especiales que adopte el Presidente; d) se mantuvo el fuero militar para los militares en servicio activo por delitos y faltas puramente militares, en el marco de la jurisdicción castrense; e) lo relativo a la fabricación, importación, exportación, comercio, tenencia de armas, municiones y explosivos, quedó bajo autorización y supervisión directa del Ministerio de la Defensa Nacional.

La Fuerza Armada quedó subordinada a la autoridad civil por encima de colores políticos. Su campo de acción se consagró en la defensa de la soberanía nacional y del territorio. Respecto a los militares en servicio activo, por mandato constitucional, no pueden pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular.

En lo concerniente a la Policía  Nacional Civil se establecieron sus funciones de policía urbana y policía rural, para garantizar el orden y la seguridad pública, con apego a la ley y respeto a los derechos humanos. Se encomendó a la PNC colaborar con el Fiscal General de la República en la investigación de los delitos. En la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, emitida en decreto 269 del 25 de junio de 1992, se reguló su creación, organización y atribuciones. Esa ley se sustituyó en 2001 por la vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Ante la grave  crisis de la delincuencia, la Fuerza Armada debe cooperar con la PNC.

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