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En  2003 entraron en vigencia las reformas a los artículos 68  y 134 de la Constitución, en el área de salud pública y de la iniciativa de ley, respectivamente. Toda reforma a la Ley Fundamental es crucial, por modificar el ordenamiento jurídico supremo de la República, y por ello tiene un trámite con mayores exigencias: a) debe haberse emitido, en primer término, mediante Acuerdo por la Asamblea Legislativa, adoptado con mayoría simple, siempre que proviniere de un número no menor de diez diputados; y b) tiene que ratificarse por la Legislatura inmediata posterior (la Asamblea es renovada por sufragio popular, directo, igualitario y secreto cada tres años), por Decreto adoptado con mayoría calificada de dos tercios.

RESPECTO AL ARTÍCULO 68, la reforma fue aprobada  en primera fase, mediante Acuerdo 2 del 23 de abril de 2003 y se ratificó por Decreto 7, del 15 de mayo de 2003; este último fue publicado en el Diario Oficial 90, del 20 de mayo de 2003, habiendo entrado en vigencia ocho días después, el 28 de mayo.

En sus “Considerandos”, en síntesis, se adujo: que la salud de los habitantes es un bien público; que el Consejo Nacional de Salud Pública (CNSP), velará por la salud del pueblo; que a  dicho Consejo (hasta entonces formado por representantes en igualdad numérica de los gremios médico, odontológico, químico-farmacéutico y médico-veterinario) era procedente incorporar otras entidades en el área de la salud; y que la suspensión de sus profesionales debería cumplir con el debido proceso.

En consecuencia, la reforma, en el inciso 1° del art. 68, adicionó los representantes de los gremios “laboratorio clínico, psicología, y otros a nivel de licenciatura”, una vez pre-calificados por el CNSP para tener su propia Junta. Se amplió la composición con sentido democratizador. Bien.

En el 2° inciso del art. 68, la vigilancia se separó para cada profesión, a cargo de sus propios académicos; y la suspensión de sus integrantes, siempre por motivos de inmoralidad o incapacidad, se sujetó al debido proceso. Ergo: la falta deberá comprobarse y el derecho de  defensa  queda consagrado. Bien.

RESPECTO AL ARTÍCULO 133, se agregó el ordinal 5°, con dos párrafos, en la nómina de los sujetos con iniciativa de ley, así:

“El Parlamento Centroamericano, por medio de los diputados del Estado de El Salvador que lo conforman, en materia relativa a la integración del Istmo Centroamericano, a que se refiere el Art. 89 de esta Constitución.”

“De  igual manera, y en la misma  materia, tendrán iniciativa los diputados del Estado de El Salvador, que conforman el Parlamento Centroamericano”.

(Acuerdo del 6 de septiembre de 2001; Decreto 154 del 2 de octubre de 2001; y D.O. de 15  de octubre de 2003).

Antes disponían de iniciativa de ley los diputados de la Asamblea  Legislativa, el Presidente de la República por medio de sus Ministros, la Corte Suprema de Justicia y los Concejos  Municipales, según se especifica en cada caso en el art. 133.

La justificación de  la reforma: en la búsqueda  del objetivo geo-político máximo del país de restablecer la Unión de Centro América, se dota a los diputados salvadoreños del Parlacen, nombrados por decisión del pueblo, de esta competencia ligada a su mandato, en apego a los propósitos de los ínclitos Generales Francisco Morazán y Gerardo Barrios.

En Asamblea General del IIDC del 12 de marzo de 2016, el doctor Ángel Góchez Marín, disertó y sostuvo con razonamientos contundentes que la interpretación de la facultad constitucional singular de la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales, era reservada para dicho Poder soberano; exclusividad fundada en el principio de distinción funcional entre los tres poderes del Estado sustentado por Montesquieu, dado que preserva su autonomía e independencia frente a los demás Órganos, por lo que es excluyente, goza de especialidad según bases doctrinarias e históricas, pauta hermenéutica para desentrañar el profundo sentido del artículo 133, una deuda de la sala constitucional. En Asamblea del IIDC convocada para el 21 de mayo 2016, en el CDI, descifraremos alcances de la interpretación normativa.

 

 

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