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Editorial & Opinion

Lean la constitución, señores diputados

Rubén Zamora / Abogado, político y exdiplomático.

miércoles 20, junio 2018 - 12:00 am

La Asamblea Legislativa y la sociedad civil, se encuentran  enfrascadas en una discusión sobre la autoridad que va a regir los usos del agua en el país. El gobierno, junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, han propuesto que la autoridad que rija y administre el tema tenga una clara predominancia del Estado y con participación minoritaria de la sociedad civil; pero en la nueva legislatura, con un predominio aun más definido de los partidos conservadores, ARENA y ANEP están abogando por un autoridad en la que el gremio representativo de los intereses empresariales, la ANEP, tendrá el mayor número de miembros y el gobierno queda reducido a un solo miembro; es decir, se invierte claramente el balance y del predominio del Estado, se pasa a predominancia de la empresa privada; si esto no se llama privatización, no se  me ocurre que otro nombre se podría usar.

Independiente de que lo llamemos privatización (abierta o disimulada), hay un tema que tiene prioridad a esta definición y es el carácter de las aguas subterráneas y su consideración por la Constitución, pues el uso de las mismas constituye cada vez más la fuente para alimentar a la población con el líquido vital y a esto me quiero referir, desde la perspectiva de nuestra legislación Constitucional.

Lo primero es establecer el carácter de los mantos acuíferos subterráneos: son una parte integrante del subsuelo de todo país; el diccionario de la Real Academia Española, define así el subsuelo: “Parte profunda del terreno a la cual no llegan los aprovechamientos superficiales de los predios y en donde las leyes consideran estatuido el dominio público”; el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” de Manuel Osorio, toma el mismo texto, esto quiere decir que los recursos existentes en el subsuelo, sean éstos sólidos, líquidos o gaseosos, solo podrán explotarse ya sea directamente por el Estado, a través de un ente público, como ANDA o mediante concesión estatal a una persona privada, sea ésta jurídica o natural.

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Nuestra Constitución es absolutamente clara al respecto, pues en el inciso tercero del Artículo 103 dice textualmente: “El subsuelo pertenece al Estado el cual podrá otorgar concesiones para su explotación”. Lo cual quiere decir, que tanto los mantos acuíferos como los depósitos de minerales o de gas que se encuentran en el subsuelo, solo podrán ser otorgados a particulares mediante el procedimiento de “concesión”, regulada por nuestra Constitución en su Art. 120, que establece requisitos explícitos y someterse a aprobación de la Asamblea Legislativa. Poner en manos privadas la autoridad que va a conceder las explotaciones de los mantos acuíferos, es una clara violación a nuestra Constitución.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la Constitución en el Art. 117 señala: “Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible”. Y continua en un segundo inciso, afirmando: “Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restitución o sustitución de recursos naturales, en los términos que establezca la Ley”. Es claro que esta es la intención de una ley de aguas, pero esta ley, nunca podrá violar los mandatos constitucionales. El legislador constituyente ha establecido que sea el Estado quien asuma esta tarea y si bien permite que entes privados puedan participar en la explotación del recurso hidráulico, lo somete a autorización de dos órganos fundamentales del gobierno, cuales son el ejecutivo y el legislativo.


Es de sentido común afirmar que el interés de ARENA y ANEP en una ley de aguas que consagre la predominancia de su sector es para explotar este recurso según sus intereses gremiales, lo cual no es en sí mismo reprochable, pues para eso está la empresa privada; pero querer apoderarse de la conducción de un recurso como el agua que debe ser protegido por el Estado, es algo completamente diferente, pues implica una apropiación de la función del Estado y, si éste lo consiente, es una imperdonable falencia en su mandato expreso, amén de una burla a nuestra ley fundamental.




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