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Editorial & Opinion

Lecciones del pasado

Werner Peña / Economista investigador Icefi @whpena

jueves 30, marzo 2017 - 12:00 am

La presentación de la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) para reformar el sistema de pensiones, ha posicionado el tema de nuevo en la agenda pública. Esta propuesta y la hecha por el Gobierno en 2016, son los insumos principales para un debate de sensibles trasfondos ideológicos en El Salvador. Ambas comparten –en mayor o menor medida- al menos dos características: no son propuestas de reforma previsional integral; y, no han surgido como fruto del debate entre todas las partes interesadas. Que éste sea un rasgo común a ambas propuestas es preocupante, sobre todo si recordamos la poco incluyente y nada debatida reforma previsional aprobada en 1996, la cual derivó, entre otros aspectos, en el pago de un costo de transición muy alto que en estos momentos presiona de forma perniciosa a las finanzas públicas.

A mediados de 1996 se conocían al menos dos propuestas de reforma. Una, la presentada por el Gobierno, que consistía en la adopción de un sistema de capitalización individual administrado por entidades privadas, muy parecido al modelo chileno diseñado por economistas de corte neoliberal conocidos como los Chicago Boys. La otra, presentada por Fundaungo, que proponía un modelo de pensiones mixto parecido al modelo previsional uruguayo, pero adaptado a las condiciones socio-económicas salvadoreñas. Por sus características, la propuesta de modelo mixto era la que en aquellos momentos menor costo de transición implicaba. En ese momento, el equipo técnico de Fundaungo incluyó al Doctor Carmelo Mesa-Lago, profesor emérito de Economía de la Universidad de Pittsburg y prominente experto en sistemas de protección social. Posterior a la aprobación de la propuesta gubernamental por parte de la Asamblea Legislativa en diciembre de 1996, Mesa-Lago participó en la elaboración del documento Reforma de la Seguridad Social en El Salvador (Social security reform in El Salvador), que revela la ausencia de debate entre ambas propuestas.

En dicho documento se señala que antes de la aprobación de la propuesta de reforma gubernamental, el equipo de Fundaungo acordó con el Gobierno que un actuario internacional independiente y de prestigio evaluara ambas propuestas con el fin de determinar cuál de las dos tendría un costo de transición menor. Para ello, se contrató –con el auspicio del BID- a un actuario de la Administración de Seguridad Social de los Estados Unidos de América. Según Mesa-Lago, cuando este actuario vino a El Salvador para llevar a cabo la evaluación, no fue recibido por los funcionarios públicos a cargo de liderar la reforma, ni recibió los insumos necesarios del Gobierno para llevar a cabo el análisis comparativo. De hecho, el Gobierno unilateralmente contrató a un consultor chileno –que no era actuario- para hacer cálculos y proyecciones que mostraran que el costo de transición de la reforma gubernamental era menor que el de la propuesta de modelo mixto, y de esa forma <<justificar>> la aprobación de la propuesta gubernamental. Posteriormente, señala Mesa-Lago que un reputado actuario comprobó que los cálculos y proyecciones de dicho consultor estaban errados.

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La experiencia de 1996 muestra cómo la falta de debate resultó en la elección de una reforma que en la práctica elevó los costos de transición, resultado de haber pasado de un sistema de reparto a uno de capitalización individual con administración privada, con altos costos sociales. El proceso de reforma de pensiones actual no debería de repetir este tipo de errores cometidos en el pasado. Para ello, es importante que lo que llegue a ser aprobado por la Asamblea Legislativa sea fruto de un debate transparente, que incluya la participación de todos los sectores interesados. Un proceso de este tipo sin duda contribuiría a lograr condiciones adecuadas para la elaboración y posterior aprobación de la reforma integral de pensiones que todas las salvadoreñas y salvadoreños nos merecemos.




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