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En Guatemala, se sentó un precedente que debería ser evaluado por los gobiernos latinoamericanos que enfrentan escándalos de corrupción y conflictos de intereses. Este país centroamericano de casi 15 millones de habitantes, cuya economía creció a un 4% en 2014, con un sistema imperfecto de partidos políticos y una sociedad civil cansada de tanta corrupción y desesperanza por mejorar su calidad de vida y su futuro, ha dado una lección de civismo y nacionalismo.

Esta nación obligó a la renuncia de su Presidente y de su Vicepresidenta por el escándalo de corrupción denominado “La Línea”; los sienta en el banquillo de los acusados y pone a prueba una vez más a las instituciones del Estado, en la aplicación del derecho y la búsqueda de la justicia.

Mientras que la corrupción y los conflictos de intereses se están convirtiendo en el sello distintivo de las democracias en América Latina, Guatemala demuestra cómo la cooperación entre un Estado y la ONU puede ayudar a crear instituciones complementarias para la procuración de justicia, el combate a la corrupción y la impunidad, muchas veces señaladas por menoscabar la soberanía del Estado.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en funciones desde 2007, es el resultado de un ejercicio de autocrítica del Estado guatemalteco al solicitar la ayuda de las Naciones Unidas para crear una comisión internacional, autónoma, independiente, para que funcionara con las leyes guatemaltecas, y auxiliara al gobierno con investigaciones sobre delitos cometidos por redes y aparatos clandestinos de seguridad.

El gobierno guatemalteco reconoció que no podía solo contra la corrupción. El mandato de la CICIG ha sido extendido desde entonces en tres ocasiones. El ahora ex presidente Otto Pérez, decidió que la CICIG debería seguir colaborando con las autoridades guatemaltecas hasta el fin de su mandato, mismo que ocurrió la semana pasada irónicamente por las investigaciones que esta comisión internacional y la Fiscalía llevaron a cabo por esta supuesta red de defraudación aduanera.

En nuestro país existe un clamor por la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad. Merece ser analizado, no al calor del debate político, sino más bien como una expresión legítima de sectores de la sociedad civil que exigen cada día más cuentas claras y funcionarios probos al frente de las instituciones el Estado.

Personalmente creo que una entidad de este tipo debería funcionar de manera subsidiaria a la justicia salvadoreña, donde se active exclusivamente cuando no se encuentre señales claras de impartición de justicia, se agoten los recursos internos o cuando por omisión esta nunca llegue; para mientras su labor se limitaría a monitorear cada caso relevante, emitiendo recomendaciones al Estado sobre la adopción de medidas que contribuyan a promover y garantizar que los casos no queden en la impunidad.

Si nuestro país ha logrado aprender lecciones duras y superado conflictos internos graves, creo que ha llegado la hora de unir esfuerzos para lograr un verdadero Pacto por El Salvador, donde los partidos políticos reflexionen sobre lo acontecido en Guatemala, pongan barbas en remojo y avancemos de una vez por todas por la ruta del estado de derecho, la impartición de justicia, la constante búsqueda de la paz, y la eliminación total de las prácticas ilegales y corruptas, a través del fortalecimiento democrático e institucional.

Nuestros problemas podrán ser similares al del país hermano, pero considero que si en algo hemos avanzado sustancialmente es en el dialogo y el entendimiento político y la utilización del marco legal para resolver las más intrincadas diferencias, algo que en Guatemala aún sigue siendo una asignatura de difícil aplicación.

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