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Los pandilleros que en grupo o individualmente se dedican a asesinar, extorsionar, secuestrar, violar y cometer todo tipo de atrocidades en contra de la población honrada y trabajadora, siempre han sido terroristas, sin necesidad de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia los hubiera declarado como tal. La sentencia por unanimidad de la Sala de lo Constitucional solo viene a ratificar desde el punto de vista legal lo que ya todos los salvadoreños sabíamos: Los pandilleros son terroristas y las pandillas grupos de terroristas.

A raíz del fallo de la Sala, los diputados, los dirigentes políticos y toda suerte de ciudadanos, incluyendo a líderes religiosos y al mismo presidente de la República, han instado a los jueces a aplicar  la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT). Desde luego, los jueces sabiendo que los fallos de la Sala de lo Constitucional son inapelables o de obligatorio cumplimiento, estén o no estén de acuerdo, aplicarán la referida ley.

Empero hay que entender que aplicar la ley es garantizar que se seguirá el debido proceso y esto no necesariamente equivale a imponer una condena a todo aquel que sea acusado y procesado por actos de terrorismo. Sobreseer o absolver también equivale a aplicar la ley correctamente,  cuando no se logra demostrar la culpabilidad del sujeto imputado.

Los jueces condenan toda vez que se logre vencer la presunción de inocencia a través de las pruebas y absuelven o sobreseen cuando no hay pruebas suficientes o cuando quedan marcadas dudas por falta de contundencia en las pruebas. Desgraciadamente en muchos casos las absoluciones en los juicios ocurren por extrema debilidad de las pruebas, por procedimientos arbitrarios o ilícitos y por testimonios mendaces de testigos criteriados que en muchas ocasiones mienten a propósito.

Siendo así, el llamado a los jueces a aplicar la ley correctamente es válido y necesario, pero también es válido y necesario hacer el mismo llamado a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, entes responsables de reunir los elementos de pruebas y de reprimir el delito, respectivamente.

La Fiscalía está obligada a realizar profundas investigaciones que le permitan recabar las pruebas de peso para llevar hasta la justicia a estos grupos terroristas y la PNC está obligada a ser más efectiva en su operatividad. La investigación científica del delito, hasta hoy poco utilizada, debe ser el arma del binomio FGR-PNC para que el sistema judicial, garantizando los debidos procesos, emita condenas.

Porque no es correcto que se realicen capturas arbitrarias, que se hagan presentaciones mediáticas de los imputados y que frente a los periodistas se diga que se han capturado a “criminales más buscados”, pero cuando los presentan ante los tribunales, los acusen de delitos como resistencia al arresto o simplemente asociaciones ilícitas. O que en ocasiones ni siquiera  judicialicen esos casos, tal como pasó con más de 50 personas que fueron detenidas después de la muerte de dos soldados en una estación del Sitramss y que fueron liberadas sin ser acusados de nada.

Más que un binomio, combatir a los grupos terroristas requiere de un trinomio, donde policías, fiscales y jueces realicen su trabajo estrictamente apegados a la ley. Recordemos que la sentencia de la Sala de lo Constitucional  manda al Estado a aplicar la ley y a utilizar los métodos legales para combatir a estos criminales que tanto luto y dolor llevan a la población.

Definitivamente la Sala de lo Constitucional solo ratificó lo que ya todos sabíamos, ahora es responsabilidad del Estado enfrentar  con métodos lícitos el flagelo del terrorismo pandilleril, lo cual pasa por profundas investigaciones, procedimientos legales y aplicaciones correctas de la ley y buena voluntad de fiscales, policías, jueces y autoridades de Seguridad.

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