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Editorial & Opinion

Ley de agua: un debate impostergable

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

viernes 6, abril 2018 - 12:00 am

La demanda mundial de agua ha venido aumentando a un ritmo del 1% anual aproximadamente en función del incremento de la población, el crecimiento econó­mico y los cambios en los patrones de consumo. Sin embargo, la disponibilidad y ca­lidad del agua presentan una tendencia hacia el deterioro sostenido; problemática que se intensifica por los impactos del cambio climático. La situación es tan crítica que en el corto plazo Ciudad del Cabo en Sudáfrica –habitada aproximadamente por 4.5 millones de personas–, se convertirá en la primera gran urbe sin acceso al vital líquido.

En las discusiones mundiales en torno al agua, en julio de 2010 se tuvo un avance significativo, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció el derecho de todas las personas a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal, que sea segura, aceptable, accesible físicamente y asequible. Además de reconocerse como un derecho, las discusiones internacionales consideran el agua como un elemento crucial y habilitador para el desarrollo sostenible.

En El Salvador la garantía del derecho al agua es aún limitada. Para 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estimaba que cerca del 6.2 % de la población salvadoreña aún carecía acceso a agua potable saludable, un porcentaje que en el ámbito rural aumenta hasta 13.5 %.  Por otra parte, las personas que tienen acceso, se enfrentan al desafío de un servicio intermitente de distribución y baja calidad.

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Las limitaciones para garantizar el derecho al agua se derivan de la falta de una gestión sostenible de ésta. En el contexto salvadoreño, el agua es un recurso extremadamente vulnerable, que se enfrenta a diversas amenazas causadas por la deforestación; la contaminación, tanto de aguas superficiales como subterrráneas; la pérdida de capacidad de infiltración; la variabilidad climática; y, el mal uso y desperdicio del recurso. Estas situaciones se tornan aún más complejas con un  marco legal e institucional muy débil, conformado por normas legales dispersas, que separadamente regulan la protección, conservación y usos sectoriales del agua, lo que restringe su administración y gestión sustentable.

Adicionalmente, la falta de financiamiento es otro problema recurrente, y constituye una limitación fundamental para que los Estados provean y gestionen el recurso hídrico de manera sostenible. Para 2018, el Estado salvadoreño, a través de todas sus entidades y dependencias, apenas destinará el 2.8 % de su presupuesto total para acciones dirigidas al abastecimiento del agua, entre las que se incluyen la producción y distribución de agua potable y el saneamiento de aguas residuales; la mayor parte de ellas serán implementadas por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).


Si bien el Estado salvadoreño ha asumido compromisos en el marco de instancias internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba 2015 sobre la Financiación para el Desarrollo y el Acuerdo de París 2015, para hacer frente a la escasez y atender la demanda de agua para satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas, aún no ha avanzado en la transformación, financiamiento suficiente y fortalecimiento de la institucionalidad pública que permita operativizar e implementar dichos compromisos.

Es por ello que el debate de una ley que regule el recurso hídrico en El Salvador es impostergable. Es urgente que los y las diputadas de la Asamblea Legislativa aprueben una ley que tenga como punto de partida el reconocimiento y la garantía del derecho humano al agua y al Estado como garante de ese derecho y administrador de ese recurso. Que, además, promueva la protección, conservación y gestión integral de las cuencas hídricas; regule cada uno de los usos sectoriales del agua; permita la coordinación y ordenamiento institucional y administrativo de las entidades públicas vinculadas a la gestión del recurso; y, defina las sanciones y penalidades para reducir la contaminación y degración del agua. Pero no se debe olvidar que para que una ley de esta naturaleza se implemente exitosamente, también deberá ser acompañada de presupuestos públicos necesarios y suficientes.




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