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Editorial & Opinion

Ley de la Jurisdicción Constitucional

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional/Autores: Mario Solano y José Luis Lovo Castelar.

viernes 23, diciembre 2016 - 12:00 am

OPINION

Existe un reconocido obstáculo en nuestro sistema jurisdiccional: la vigente Ley de Procedimientos Constitucionales, técnicamente obsoleta, que afecta negativamente la  institucionalidad de la justicia constitucional, por sus indefiniciones. Promulgar una nueva ley  es materia pendiente, que pesa como mora legislativa dado que la Asamblea Legislativa tiene en su poder un proyecto  por iniciativa de la propia Corte Suprema de Justicia desde hace más de diez años, que pudo haber evitado los señalamientos críticos formulados desde posiciones ideológicas en torno a resoluciones de la Sala de lo Constitucional.-.

En este escenario, es recomendable una nueva  ley procesal constitucional, más allá de reformas puntuales, para  superar vacíos y  deficiencias, con  el objetivo de conformar un sistema jurisdiccional constitucional actualizado y de avanzada, a la altura de los inmensos retos que exige la ciudadanía en sus numerosas demandas.  En efecto, se requiere un sistema  armónico que genere efectividad, confianza en la imparcialidad y bondad de los fallos,  y sobre todo seguridad jurídica; que los procesos  tengan un marco de referencia que haga predecibles los resultados en la aplicación del derecho y el apropiado sentido de la justicia;  y que las sentencias y la Sala de lo Constitucional  tengan la robustez, respeto y admiración propias de su alta jerarquía, en la base del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

Creemos que es necesario disponer de una ley de la jurisdicción constitucional moderna, que desarrolle adecuadamente el marco constitucional de 1983 y sus reformas de 1991; naturalmente que sea técnicamente concebida, más allá de las políticas de intereses partidistas, a fin que desarrolle de manera precisa la organización y funcionamiento de la Sala de lo Constitucional,  y que sin perjuicio de las discrepancias inevitables y la gravedad del debate  sobre las sentencias, resuelva con derecho bien fundado  y provea de  garantías a los peticionarios  que sus acciones serán resueltas en el marco de la majestad de la Constitución, norma de normas.

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Debería crearse o rebautizarse,  con la nueva ley, los  alcances y sentido de la jurisdicción constitucional, para  armonizarla con la Carta Magna y  con las restantes potestades jurisdiccionales en vigor, en su aplicación y proyecciones doctrinarias. Esto implicaría que el establecimiento de la jurisdicción constitucional tenga, en estos complicados tiempos, un significado sociológico y político amplio y positivo para la estabilidad del Estado de Derecho, por medio de un sistema  de procedimientos sin ambivalencias, ágil, inspirado en los valores de la Ley Primaria y producto emanado de su propia esencia, extraído de la misma, así como de la experiencia y realidad nacional. Es imperativo propiciar y consignar en ella el balance de poderes, y el control reglado  de los actos de los otros y del propio poder estatal. Lo inconstitucional no puede adquirir firmeza o intangibilidad por falta de control, ni materializarse en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un sabio ejercicio de esta atribución evitaría  las asperezas políticas.

Será pertinente en la nueva ley reconocer la calidad de máximo intérprete de la Constitución  a la Sala de lo Constitucional, conforme a las características que la doctrina y las legislaciones contemporáneas reconocen a los tribunales constitucionales Tampoco se puede aceptar lo arbitrario, autorizar a priori un “cheque en blanco”; debe reiterarse  que la soberanía del Estado está restringida a la Constitución (art..83) y que su marco regulatorio se ceñirá a los principios que disponen  los arts. 172 (independencia), 246 (supremacía),  235 (respeto al texto constitucional)  y 186 (imparcialidad).


La trascendencia y aplicación de los fallos debe  ser garantizada por medio de la transparencia,  la difusión de las actuaciones y el acatamiento. El proceso constitucional podría  ser, en lo pertinente, oral y público, especialmente en materia de improcedencias, suspensión de los actos reclamados, autos de prueba y sentencias definitivas. La improcedencia “in límine” debe ser fundamentada; no es admisible que sea sinónimo de denegatoria de acceso a la jurisdicción. El vigor  de los precedentes no puede ser ignorado, su modificación, si fuere contraria al stare decisis, tiene que justificarse a profundidad  y desarrollarse jurídicamente. En fin, evitemos reformular la Constitución por mutaciones, ya que ella manda, prohíbe o permite, y  prescribe  los procedimientos para  su reforma.




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