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Editorial & Opinion

Libertad y derecho

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Sección El Salvador

viernes 31, agosto 2018 - 12:00 am

No hay libertad sin derecho. La libertad no consiste, como pudiera sostenerse en que cada quien haga lo que  le apetezca, lo que no sería aceptable ni aún en el supuesto remoto de que viviera, como Robinson Crusoe, en la sola compañía de “Viernes” -el aborigen- los animales y la selva. El hombre vive en sociedad; y la libertad, su libertad, está limitada hasta el punto en que comienza la libertad de los demás. Está condenado a vivir en comunidad, cada hombre con su propia libertad. He ahí el problema. Dilema que ha ocupado la atención de muchos filósofos, y muy particularmente de los filósofos del Derecho, esforzados en resolver la aparente contradicción entre libertad y derecho.

Emmanuel Kant, el filósofo del criticismo y de la libertad, el inspirador de las más florecientes escuelas del pensamiento jurídico contemporáneo, en un arranque de su singular genialidad, alguna vez se refirió al Derecho como “norma que regula la concurrencia de libertades”. Esta preciosa definición, aparentemente simple, en el fondo está poblada de dificultades, si examinamos todos y cada uno de sus componentes. Sin entrar a analizar en su detalle los elementos de la anterior definición, es importante destacar en ella la preservación de la libertad como característica fundamental de la conducta humana. El Derecho no clausura, no mutila esa libertad, sino la defiende y la preserva, haciéndola compatible con la libertad de los demás.

Los regímenes totalitarios, sustentados en el transpersonalismo, sacrifican por definición la libertad individual a las necesidades colectivas, que son para ellos el foco principal del Derecho Positivo. En estos regímenes, se hipertrofia la importancia del Estado y se atrofia la del individuo, olvidando que la sociedad es la suma de sus unidades llamados hombres -“cada cabeza es un mundo”- con su vida, su lugar y su destino intransferible.

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En las sociedades abiertas, libres y democráticas, la ley dirime las disputas. No es el dictador, ni el comité del partido, ni el cabecilla de la última insurrección triunfante. No. Es la Ley, en cuya formación han intervenido todos los factores necesarios -en ocasiones hasta dos legislaturas- en persecución de la justicia y de su adecuada aplicación.

El Derecho está presente en todas las situaciones de la vida social porque la naturaleza racional del hombre lo obliga a buscar siempre una solución acorde con esa naturaleza, vale decir un recurso que impida el uso de la fuerza y de la vindicta privada, propias de las sociedades primitivas. El sistema es capaz, debe ser capaz, de resolver las controversias, por difíciles que parezcan, orientado hacia un objetivo ideal, que los juristas denominan “la plenitud hermética del orden jurídico”.


En las sociedades libres y democráticas, los profesionales del derecho, los abogados, cumplen -a pesar de las críticas en su contra- una función de primer orden en la búsqueda del Derecho, cuya aplicación está encomendada al elevado poder del Estado encargado de velar por su cumplimiento: el Órgano Judicial.

Nada de esto existe en los regímenes dictatoriales, y menos en los totalitarios. En ellos, la ley es la voluntad de un hombre; incluso los forjadores de la norma jurídica son meros tecnócratas legislativos, algunos sin idea de los altos valores jurídicos que deben guardar; los actores y litigantes ya no son los abogados, sino los miembros del partido que están en posición para impulsar o detener un asunto, una ley o una elección. Y los tribunales e instituciones, encargados de la más excelsa y difícil de las tareas humanas, como es la aplicación de la justicia, decaen hasta la posición de las oficinas burocráticas de bajo rango, obedientes, ciegas a las órdenes de los jerarcas del partido, haciendo realidad con cada actuación de las célebres palabras de Carrara: “Cuando la política entra por la puerta al templo de la justicia ésta huye por la ventana a refugiarse en el cielo”.

En nuestra tarea de construir un Estado de Derecho, es imperativo combatir todos los resabios de arbitrariedad, y fomentar el acatamiento a la institucionalidad democrática, y fundarse las actuaciones en el respeto a la Constitución y las leyes. Libertad y derecho siempre son consustanciales.




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